Guerra partidaria estanca a la comisión Fox

En 12 mil fojas, los diputados integrantes de la comisión especial que investiga el patrimonio de Vicente Fox han encontrado sólo lo evidente, lo que se conoce en medios de comunicación, lo que les heredaron los diputados de la anterior legislatura: inconsistencias en declaraciones patrimoniales, manejo ilegal de archivos oficiales, y falta de comprobación de recursos entregados para la transición en el año 2000. Nada nuevo.

El clima de encono al interior de la comisión de cinco diputados —dos panistas, uno del PRD, uno del PRI y uno más del PVEM— mantiene en parálisis la indagación.

Reuniones paralelas al trabajo en comisiones, declaraciones y acusaciones sobre conflicto de intereses, han sido el pan de cada día en la comisión investigadora del caso Fox.

Partidizada e identificada en su interior por bloques —por un lado PRI, PRD y PVEM, y por otro el PAN— los diputados Víctor Valencia de los Santos (PRI), su presidente, y los panistas Juan de Dios Castro y Alma Alcaraz han centrado su energía en llevar a cabo reuniones informales y agendas particulares, sin avisar nada.

Valencia de los Santos se reunió el 5 de noviembre pasado en un restaurante del Centro Histórico con Lino Korrodi, ex asesor financiero de los Fox, quien abrió el debate sobre el conflicto de intereses entre el diputado del PAN, Juan de Dios Castro, y su padre, Juan de Dios Castro Lozano, quien fue consejero jurídico de la Presidencia en la administración de Fox Quesada.

Por su parte, Castro y su compañera Alma Alcaraz se encontraron con Fox y Marta Sahagún en su cabaña, en Guanajuato; la misma que apareció en la revista Quién.

El PAN considera en este momento a la comisión como un grupo de trabajo de “pirotecnia”, que busca afectar mediáticamente al ex presidente Vicente Fox. Y de nuevo, la comisión especial Fox se encuentra estancada.

En febrero, después de más de un mes de descanso navideño, tuvieron dos reuniones, la primera duró menos de una hora; y la segunda, el jueves pasado, tuvo de invitada a la titular del IPAB María Teresa Fernández Labardini, ante quien Valencia denunció las trabas de funcionarios para obtener datos.

El PRD, en voz de Juan Guerra, pretende presentar denuncias penales en contra de Fox, pero no adelantan los motivos y menos las pruebas.

El 12 de diciembre pasado, los diputados cerraron el año echándose en cara sus actitudes unilaterales, y las visitas a los Fox y a Korrodi; todo ante la mirada de una notaria pública llevada por Alma Alcaraz.

Lo anterior derivó en que Valencia pidiera a la Junta de Coordinación Política, que preside Héctor Larios (PAN), analizar la remoción de Juan de Dios Castro, al señalar que su padre, Juan de Dios Castro Lozano, conocido político del PAN de Durango, fue asesor jurídico de Fox durante su gestión en la Presidencia.

Podría haber conflicto de interés, concluyeron al final, en una votación en que el mismo Juan de Dios Castro votó a favor de su remoción.

“Claro que no me da línea —dice el diputado Castro Muñoz sobre su padre—. Sí hablamos de varios temas, pero no me asesora, ni mucho menos... Los temas que él trató con Fox fueron jurídicos, no patrimoniales”.

El tema sigue; Larios no ha respondido y no hay ningún avance.

Otro indicativo de las sesiones es el pleito entre los diputados panistas y la oposición por si grababan o no la reunión de trabajo.

El PAN siempre llevaba su equipo de grabación de audio; el PRD, en voz de Juan Guerra, se negaba a la grabación, los acusaba de pretender usar lo dicho en su contra.

Y el PRI consideraba que era necesario tener un archivo.

Diferencias y más discusiones

La vigencia de la comisión está estipulada hasta el 11 de abril, pero si existe alguna auditoría en curso puede extenderse su vida legal, según el acuerdo votado por el pleno de la Cámara.

La comisión Fox no recibe recursos por parte del erario público, ni cuenta con instalaciones especiales, por lo que los cinco legisladores se reúnen en las oficinas del diputado Valencia y son apoyados por el personal con que cuentan de manera ordinaria; no solicitar recursos fue un compromiso de todos.

El PAN, molesto

El PAN reveló a EL UNIVERSAL que ya diseña una estrategia para la última etapa de la comisión, centrada en exigir al diputado Valencia más sesiones y que se terminen los pendientes, con el fin de llegar al 11 de abril con la tarea hecha y que no haya pretexto para mantenerla.

Los diputados Alcaraz y Castro coincidieron en que el resultado de la comisión es evidente, pues después de las entrevistas con los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón; de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega, y del IFAI, Alonso Lujambio, a pregunta expresa de si han encontrado alguna irregularidad en que se vea involucrado Fox, todos han dicho “no”.

Juan de Dios Castro Muñoz va mas allá y opina que sus compañeros de la comisión quieren encontrar una grabación incriminatoria como la del gobernador de Puebla, Mario Marín, de extracción priísta; un video como el de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del perredista Andrés Manuel López Obrador, apostando en Las Vegas, o el de René Bejarano guardándose fajos de billetes. “Pero no hay nada, nada”, afirma.

Sin embargo, PVEM y PRD coinciden en que hay pruebas.

Los diputados Xavier López Adame, del PVEM, y Juan Guerra, del PRD, han avanzado en la revisión de las miles de fojas que tienen en la comisión especial, y de las cuales, coinciden en entrevistas por separado, se evidencian irregularidades que deberían ser indagadas por la Secretaría de la Función Pública.

Y es el gran reclamo de la oposición: la falta de acción de parte del gobierno federal ante lo que los medios de comunicación, libros, investigaciones y conocidos declaran en torno a la riqueza del presidente Vicente Fox.

López Adame, que en medio de las discusiones se ha mantenido al margen, asiste a las reuniones y propone temas, dijo en entrevista que desde que les dieron las cajas de información las ha revisado junto con sus asesores, y que tiene suficientes elementos para asegurar que hay inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Fox, lo que es suficiente para abrirle una investigación oficial.

“Sabemos que la investigación tiene tiempo limitado, pero en los hechos a los diputados no nos corresponde investigar, es tarea de la PGR, de la Función Pública, del Ejecutivo”, aseguró. Adelantó que esta pendiente la respuesta de la PGR a una solicitud de revisión de los archivos e instalaciones del Centro Fox.

Así, pasan denuncias, declaraciones, papeles, citas, reuniones, comparecencias, y todo regresa al mismo lugar en el caso Fox.

Y seguirán haciéndose como el Tio Lolo...