domingo, 13 de abril de 2008

Más obstáculos que colaboración, encontró la Comisión Fox

Restricciones, obstáculos y sucesivas crisis internas han caracterizado las labores de la comisión Fox, que el 11 de abril podría finalizar sus pesquisas si la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) decide no ampliar la vigencia de sus trabajos, originalmente fijada en seis meses.

Constituida poco después de que se dieron a conocer evidencias del enriquecimiento de Vicente Fox, esta comisión ha tenido que afrontar limitaciones de origen y obstrucciones gubernamentales que, sin duda, han reducido la amplitud de sus indagaciones sobre las presuntas irregularidades del exmandatario cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo federal.

De entrada, en el acuerdo que le dio origen se destacó que las comisiones especiales no pueden establecerse "para revisar actos de particulares"; es decir, éstos no pueden ser citados a comparecer ni requeridos para presentar información. Por ello el exmandatario no pudo ser citado por los diputados que integran la citada comisión.

Por otra parte, pese a los ofrecimientos del entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en el sentido de que el gobierno estaría dispuesto "a brindar toda la información que los legisladores requieran", lo cierto es que la administración federal bloqueó, so pretexto de que se trataba de "información reservada", muchos de los datos sustantivos para que las pesquisas lograran avances.

Incluso, meses después de que la comisión legislativa se integró, su presidente, Víctor Valencia, propuso una iniciativa de ley para que las comisiones especiales puedan obtener información reservada.

En aquella ocasión el legislador priista se quejó de que "el secreto bancario, fiduciario, fiscal, procesal y de seguridad nacional siempre son pretextos para que la administración federal niegue los reportes".

El caso Compranet

Éste no ha sido el único obstáculo encontrado por los legisladores. En el curso de las investigaciones, la Secretaría de la Función Pública eliminó de la página web de Compranet la información de las compras gubernamentales correspondientes al sexenio foxista.

La desaparición de los archivos tuvo lugar poco después de que una investigación de EL FINANCIERO en relación con Compranet reveló cuadros de simulación empresarial y contratos arreglados, proveedores fantasma, cifras infladas en la compra de productos, claras violaciones a la normatividad y hasta la adquisición de artículos descontinuados, entre otras anomalías ocurridas durante el sexenio pasado.

Ante las reiteradas demandas de la comisión Fox para que los archivos del foxismo volvieran a hacerse públicos, la Secretaría de la Función Pública, en medio de evidentes contradicciones, entregó a los diputados que siguen el caso 333 mil 200 fojas, correspondientes supuestamente a los registros de Compranet del sexenio anterior.

La información, sin embargo, ni siquiera se encontraba certificada, además de que se entregó en 81 cajas sueltas y sin seguros. Su pobre calidad se confirmaría días más tarde.

Por otra parte, desde su creación, los diputados que conforman la comisión Fox se han enfrentado en numerosas ocasiones. Por un lado, el bloque PRI-PRD-PVEM, y por el otro, el grupo panista. Las divisiones, incluso, los han llevado a realizar diligencias cada uno por su cuenta, prácticamente en secreto y sin informar al bloque contrario.

Por ejemplo, el diputado Víctor Valencia se ha reunido al menos dos veces con Lino Korrodi, en una decisión personal y sin informar de ello a la comisión. Mientras tanto, por separado, los diputados del PAN llevaron a cabo una visita al rancho de Vicente Fox, también en secreto.

Solicitan prorrogar vigencia de comisión que investiga caso Fox

La comisión especial de diputados que investiga el patrimonio del ex presidente Vicente Fox solicitó una prorroga para concluir los trabajos que le fueron encomendados, pues aún tiene en proceso varias auditorías y comparecencias de funcionarios.

El presidente de la instancia legislativa, Víctor Valencia de los Santos, informó que se tienen seis auditorías pendientes de dictaminar, cuyos resultados podría entregar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta el 31 de marzo de 2009.

En entrevista, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que la comisión especial tiene una vigencia de seis meses, plazo que se cumple el próximo viernes 11 de abril.

De ahí que, subrayó, "estamos pidiendo de 20 días a un mes después de que la ASF nos entregue las auditorías que requiere la comisión, para poder concluir el informe definitivo, lo que significa prorrogar la vigencia de esa instancia hasta abril del próximo año".

Entre las comparecencias ya programadas están la del director general de Pemex, el procurador General de la República, el director general de Aduanas y la contralora de la Presidencia de la República.

Además, añadió, "tenemos pendientes denuncias por atender en los estados de Guanajuato y Michoacán, como es el caso del Tamarindillo, en el que presuntamente se encuentra involucrado el ex mandatario".

Valencia de los Santos recordó que en el acuerdo por el que se crea la comisión se estableció que si se tiene en proceso una auditoría pendiente, la vigencia de la instancia legislativa se podrá prorrogar hasta que ésta termine.

Por ello, señaló, "no podemos presentar un informe limitado, porque no estaríamos cumpliendo con el espíritu con el que fue creada la comisión, amen que está en proceso una reforma que propone que las comisiones especiales de investigación puedan conocer la información reservada.

Por todo lo anterior siete de los ocho grupos parlamentarios representados en San Lázaro propusieron la prorroga, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, ha dilatando la petición y evitado que se presente al Pleno.

Comentó que en el caso de otras comisiones investigadoras, como la de ISOSA, tienen una vigencia de dos años y la de Construcciones Prácticas poco más de un año, mientras que la que indaga los recursos ejercidos por el ex presidente Fox durante su administración sólo tiene seis meses.

La comisión especial está conformada por cuatro integrantes, de los que uno es del PRI, otro del PRD y uno más del PVEM, así como dos diputados del PAN.

Estos dos últimos, Juan de Dios Castro Muñoz y Alma Eduviges Alcaraz Hernández, se manifestaron contra la prorroga por un año de la vigencia de la comisión, por considerar que que no hay sustento para ello.

Acuerda comisión Fox pedir una reunión con el ex presidente

La comisión especial Fox en la Cámara de Diputados aprobó acordar una reunión con el ex presidente Vicente Fox, la cual no se descarta pueda realizarse en el racho San Cristobal.

La Comisión presidida por Víctor Valencia (PRI) aprobó un punto de acuerdo para contactar a uno de los abogados del ex mandatario, con el propósito de arreglar una posible reunión entre Fox y los legisladores.

El acuerdo esta condicionado a que la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe la petición para ampliar la vigencia de la comisión especial Fox por un año más, ya que vence el próximo viernes.

Los diputados del PRI, del PVEM, del PRD y del PAN, uno por cada bancada, aprobaron el acuerdo, por lo que en los próximos días podría concretarse una reunión entre Fox y la comisión que lo investiga.

IFAI ordena a Presidencia entregar archivos copiados por Fox

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia entregar al menos un catálogo con el contenido de todos los archivos copiados digitalmente por Vicente Fox para ser llevados al centro de información del ex presidente.

En una resolución tomada en la sesión pública de este miércoles, el Instituto determinó que, si bien es posible solicitar la información, la persona que la requirió deberá ser más precisa en su solicitud.

Al resolver el recurso número 4810/07, que una persona presentó ante la negativa de la Presidencia para darle acceso a las más de 500 mil hojas que conforman los archivos que fueron copiados por el ex mandatario, los comisionados determinaron dar acceso.

Contrario a lo que contestó la oficina de información pública de la Presidencia, el IFAI señaló que sí se puede atender al derecho de información de la persona, aunque con algunas salvedades.

Al respecto y luego del debate sobre el tema en el pleno, el presidente del IFAI, Alonso Lujambio, explicó en entrevista que si bien el derecho de acceso a la información pública está salvaguardado con esta resolución, es necesario acotarlo.

Explicó que con tantos documentos, se desconoce cuáles de ellos son efectivamente públicos y cuáles se deben clasificar.

Sin embargo, la persona que solicitó la información tiene un catálogo pormenorizado de todos los documentos que contienen las 276 cajas de archivos, por lo cual, puede -y de hecho debe, si quiere revisar los datos- presentar solicitudes más concretas.

Esto es, que con base en el catálogo puede solicitar documentos específicos y sólo entonces, el IFAI determinará si los textos requeridos deben o no clasificarse.

Durante el debate, el comisionado Juan Pablo Guerrero se mostró inconforme con la decisión y anunció que presentaría un voto particular sobre el asunto. Aún así, la resolución se aprobó por mayoría.



La SFP reservó por tres años la historia patrimonial de Fox fuera de su sexenio

La copia de la evolución patrimonial del ex presidente Vicente Fox Quesada, documento distinto a las declaraciones que por ley deben presentar los funcionarios públicos, fue clasificada como reservada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por un lapso de tres años.

Según la SFP, la clasificación obedece a que su difusión “puede causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y las estrategias procesales en actuaciones judiciales o administrativas”.

La SFP detalló que en estos momentos dicha información está siendo objeto de un proceso de investigación, y por ello no se puede revelar el contenido del análisis evolutivo sobre la situación financiera del ex mandatario, elaborado antes de llegar a la Presidencia y posterior a ese hecho, es decir, antes de 2000 y desde 2007.

La respuesta de esa dependencia fue motivo de una queja interpuesta ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual tendrá que resolver hoy si procede o no dicha clasificación. El caso fue turnado al comisionado Alonso Gómez Robledo.

También se evaluará la respuesta que dio la Presidencia de la República a una solicitud de información sobre el contenido de los archivos y documentos que dejó Vicente Fox al concluir su gestión.

De acuerdo con la respuesta de esa entidad del Ejecutivo federal, el gobierno foxista generó alrededor de 75 mil 500 expedientes; dos mil 368 paquetes que contienen negativos; 122 con engargolados de “hojas de contacto”, y 340 cidís que integran diversas imágenes.

Del total de expedientes, según lista entregada por la Presidencia, 300 tienen que ver con la “correspondencia” de Marta Sahagún de Fox. Esa correspondencia fue generada de 2002 a 2006.

También sobresalen documentos registrados por la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, entre ellos 600 expedientes relativos a “infraestructura, reforma hacendaria, desarrollo regional y asuntos internacionales empresariales y de competitividad”.

Sobre las “designaciones presidenciales” y las notas periodísticas respectivas, las secretarías particular y técnica de la Presidencia entregaron 239 expedientes, así como 493 de los programas y bitácoras de las giras presidenciales.

También se incluyen 362 expedientes relativos a “solicitudes de audiencia, cartas, oficios, notas informativas, antecedentes y otros”, del área de Coordinación de Agenda y Eventos Presidenciales.

Otros 44 mil 850 expedientes tienen que ver con peticiones ciudadanas realizadas ante la Coordinación de la Red Federal de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia.

De la Coordinación de Opinión Pública e Imagen, de la secretaría particular de la Presidencia, se generaron cuando menos 30 expedientes que contienen inserciones en diferentes medios de comunicación, oficios y notas periodísticas.

A su vez, la dirección general de Difusión y Logística generó 12 expedientes con correspondencia que va de 2002 a 2005, y la dirección general adjunta de Control de Gestión y Documentación unos 26 mil 408 expedientes con “correspondencia” de 2001 a 2005.

El solicitante de esa información presentó una queja ante el IFAI por considerar que la información referida es incompleta.

Por un lado lo tapan y por otro lado lo descobijan...que pedo.