miércoles, 6 de febrero de 2008

Pagan con dinero del erario archivos de Fox

Alrededor de 14 millones de pesos costó al erario digitalizar los archivos del gobierno foxista, acervo que sin embargo no fue entregado en su totalidad al Archivo General de la Nación (AGN), sino al Centro Fox.

Las empresas encargadas del proceso, que inicialmente se había informado costó 6 millones de pesos, fueron Soluciones Pearson y Digital Data, a las que se les pagó 4 millones 714 mil pesos y 10 millones 181 mil pesos, respectivamente.

El AGN tardó nueve meses en solicitar la entrega de los archivos a la Presidencia, que aún concentra los documentos originales y se sabe que algunos de ellos, como los de la reforma hacendaria, permanecerán en Los Pinos hasta 2009.

El Archivo devolvió expedientes a la Presidencia porque las cajas no coincidían con la descripción de su contenido para dictaminarlos.

Se ignora qué documentos del gobierno anterior hay en Los Pinos y cuáles en el Centro Fox, aunque éste dice tener 4 millones digitalizados.

La comisión que indaga a Fox citó a Medina Mora

Enrique Garduño y Jorge Menéndez
La Jornada


La comisión especial que investiga el enriquecimiento de Vicente Fox Quesada determinó citar a comparecer al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que explique por qué el Ministerio Público Federal “clandestinamente” se desistió de ejercer acción penal en contra de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, a pesar de que existen evidencias del tráfico de influencias.

El diputado Juan Guerra Ochoa, integrante de la comisión, señaló que se exigirá la comparecencia del procurador en el pleno debido a que en cuatro ocasiones anteriores se ha negado a entregar información a los legisladores, específicamente sobre las denuncias penales presentadas contra Fox, su esposa, Marta Sahagún, así como sus hijos e hijastros.

La comisión también acordó citar a la secretaria ejecutiva del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), María Teresa Fernández Labardini, para que explique la forma en que el ex presidente avaló que se favoreciera, a través de subastas, a los hijos de Marta Sahagún y a su empresa Construcciones Prácticas.

Guerra explicó que también se requerirá información adicional a la Presidencia de la República que sustente la entrega de recursos en efectivo para los gastos de Fox y Sahagún.

“Buena parte de la información de gastos de la Presidencia que nos han enviado no tiene soporte y no sabemos si es porque no existe o bien no la quieren entregar completa. Ahora bien, si no existe soporte, el gasto no se justificaba”, declaró.

También refirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se negó a entregar la información detallada de cómo Felipe Calderón y su equipo gastaron los 100 millones de pesos que el gobierno foxista les dio por concepto de la transición de poderes.

La respuesta de la secretaría, dijo, fue que como esos recursos se manejaron en un fideicomiso a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya no es auditable, lo cual viola las recientes reformas constitucionales aprobadas por el Congreso en el sentido de que cualquier fondo integrado con presupuesto público sí puede revisarse.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que existe un acuerdo entre el gobierno de Calderón y Fox para ocultar la información que comprueba el enriquecimiento ilícito del ex mandatario. “Como secretario, Germán Martínez anunció que tenían cinco líneas de investigación contra los Bribiesca, pero la Función Pública no ha concluido ninguna. Sólo le dan largas y morosidad al asunto”, comentó.

Por su parte, el presidente de la comisión, Víctor Valencia de los Santos, informó que una de las líneas de investigación que siguen los diputados se refiere al origen de los recursos con que la pareja de Ana Cristina Fox, ahora promotora de boxeo, pudo comprar y pagar en efectivo un yate con un valor de 350 mil dólares. “En Cancún es un secreto a voces. Son transacciones que han hecho impunemente y con un gran cinismo, y que están vinculadas, desde luego, con el patrimonio del ex presidente”, afirmó.


Comparecerá secretaria ejecutiva del IPAB ante comisión Fox

La secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández Lavardini, será la primera funcionaria que comparezca ante la comisión especial para el seguimiento a las denuncias por presunto ejercicio indebido del servicio público en la gestión de Vicente Fox.

Entrevistado tras una reunión de trabajo, el presidente del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Víctor Valencia de los Santos, dijo que Fernández Lavardini informó a la comisión que está en condiciones de comparecer esta semana.

Detalló que la referida comisión elabora una agenda para que los titulares de la Procuraduría General de la República, de Petróleos Mexicanos, del Servicio de Administración Tributaria y de Aduanas, entre otros, comparezca ante los diputados federales.

Valencia de los Santos comentó que el IPAB es una de las instituciones que ha entregado la mayoría de la información que le ha sido requerida para esclarecer las denuncias presentadas contra el ex presidente.

Respecto a la sustitución del diputado Juan de Dios Castro Muñoz como miembro de la mencionada comisión, señaló que aún no se ha recibido de la Junta de Coordinación Política y de la fracción del Partido Acción Nacional quién tiene la facultad para dar el nombre del sustituto.

Indicó que a solicitud de diputados se gestionó ante la Junta la pertinencia de la sustitución del legislador panista en virtud de los posibles conflictos de interés que existan entre él y su padre, Juan de Dios Castro Lozano, actual subprocurador de la República.

En ese sentido, Castro Muñoz en entrevista por separado rechazó que exista un conflicto de interés y dijo que será la Junta quien determine si está en condiciones de seguir en el grupo especial de trabajo.

Al justificar su actuación en la citada comisión destacó que tanto él como su bancada han mostrado plena disposición a que se realicen las indagatorias que correspondan para deslindar responsabilidades en los hechos que se imputan al ex mandatario.

Mencionó que prueba de ello es que ha votado a favor de las propuestas hechas al interior de esa instancia para investigar posibles conductas ilícitas del Fox Quesada y remarcó que en ningún caso se ha podido comprobar una conducta irregular.

Y comienza la pasarela de testigos y alcahuetes...

Niegan que Fox evite hablar de política para no ser procesado

Para el diputado federal panista Juan de Dios Castro Muñoz la mejor manera de defender a Vicente Fox es investigándolo.
Pero de antemano negó que el ex mandatario se haya enriquecido en el ejercicio del poder. Sostuvo que Vicente Fox “no está pobretón” ni que haya decidido no hablar de política para evitar ser procesado. También rechazó que Marta Sahagún haya vivido de prestado. “Ése es un invento de Lino Korrodi”, justificó Castro Muñoz.
En tanto el diputado federal priista Víctor Valencia de los Santos, presidente de la Comisión Fox, recordó que esta instancia legislativa “no va a meter a la cárcel a nadie” y dejó en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) la aplicación de la ley en contra del ex Presidente y quienes, como él y a su amparo, se enriquecieron en el sexenio pasado.
“La Comisión va a entregar un informe público ante el pleno (camaral) y, desde luego, ante los medios de comunicación con todas las evidencias contundentes, documentales y las denuncias que han hecho personas que tienen rostro, nombre e identidad y que de alguna manera son elementos contundentes”, expuso.
Y lo que se espera, puntualizó el legislador chihuahuense, es que el gobierno federal, ahora sí, mediante la PGR, el Ministerio Público y la misma Secretaría de la Función Pública, “verdaderamente sea congruente con la política de manos limpias y acabar con la impunidad e ilegalidad, independientemente del origen partidario de quien se esté acusando”.
Respecto del caso de Castro Muñoz, cuestionado como miembro de la Comisión Fox, e incluso hay una solicitud formal para quitarlo de esa instancia legislativa, Valencia de los Santos reiteró que el cambio es fundamental “para evitar que se siga contaminando el trabajo de la comisión”.
Acerca de ello Castro Muñoz se dijo dispuesto a aceptar la decisión de sus pares y refirió que incluso él firmó la propuesta que, de su remoción, se hizo a la Junta de Coordinación Política, pero negó que sea obstáculo para investigar al ex Presidente de la República.
Y ante las evidencias de enriquecimiento ilícito del ex mandatario, Castro adujo que el rancho ya lo tenía Vicente, además de que quien ha sido gobernador, diputado federal, gerente de una trasnacional y Presidente no puede carecer de recursos.
—Pero Vicente Fox tenía problemas incluso con el Fobaproa —se recordó al legislador.
—Pero no está pobretón
—replicó.

No, no está pobretón, es un pobre diablo.