lunes, 18 de junio de 2007

Y mas cosas del cochinero salen a la luz


Confirma SFP desfalco en Seguro P(c)opular...

Un expediente de la Secretaría de la Función Pública confirma las irregularidades cometidas por Juan Antonio Fernández Ortiz cuando estuvo al frente del programa estrella del gobierno foxista, Seguro Popular. El funcionario fue encontrado responsable de abuso de poder y desvío de recursos públicos en el proceso de credencialización en el que participaron Grupo Inbursa e Image Technology.

Erika Ramírez
voltairenet.org

La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el ex titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, incurrió en diversas irregularidades en el proceso de credencialización de este sistema de salud, que costó al erario público más de 368 millones de pesos.

Ante tales anomalías, la dependencia que encabeza Germán Martínez Cázares resolvió, el 31 de mayo de 2006, que Fernández Ortiz quedaba inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, al encontrarse responsable de “abuso de autoridad”, según el expediente 15/2007-BIS.
El negociador de la compra de 3.7 millones de tarjetas inteligentes a la empresa Image Technology, por la cual se inició una investigación en su contra, también fue sancionado a pagar 454 mil 528 pesos, según muestran datos oficiales.
Sin embargo, la operación que otorgó el contrato millonario a Image Technology no fue el único convenio que hizo Juan Antonio Fernández para la elaboración de tarjetas, que ahora son inservibles y que tuvieron un cargo a las finanzas públicas.
Previa convocatoria a la licitación pública 12161001–004–05, el ex coordinador de campaña de los “Amigos de Fox”, convino la entrega de 161 mil 281 tarjetas electrónicas con altos directivos de Grupo Inbursa, con un cargo superior a los 14 millones de pesos, según consta en la auditoría 15/06 que se anexa en el expediente del ahora ex funcionario público.
En el documento “Resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización”, se consigna el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 en el que se evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa –filial financiera del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim–, “quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales”.

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En el "mejor año" del gobierno de Fox, quebranto de $26 mil 342 millones


Señala la Auditoría Superior de la Federación que en 2005 se redujo el daño al erario

Roberto Garduño / La Jornada

La Cámara de Diputados reveló la existencia de un quebranto de fondos públicos por un monto de 26 mil 342 millones de pesos en el penúltimo año de gobierno de Vicente Fox Quesada, considerado el "mejor" en ese aspecto entre 2002 y 2005.
Las conclusiones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 manifiesta que el manejo irregular y turbio de dinero público se encontró en los siguientes sectores:
"Energía (8 mil 400.7 millones de pesos); Hacienda y Crédito Público (6 mil 293.2 millones); Salud (4 mil 290.9 millones); entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal (2 mil 813.1 millones); Educación Pública (mil 629.2 millones de pesos), y las entidades no coordinadas sectorialmente (777.9 millones de pesos). Estos sectores en conjunto concentran 92 por ciento del monto total de la cuantificación monetaria de las observaciones".
Como producto de la revisión de la cuenta pública 2005, durante 2006 sólo se logró recuperar un monto de mil 337 millones de pesos derivados de auditorías de gestión, existencia y legalidad a la cartera adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), a revisiones a estados y municipios, a la construcción de la biblioteca José Vasconcelos, y en la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas.
En medio de la opacidad también se dio una recuperación aledaña, calculada en 24 mil 312 millones de pesos, recursos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, "por lo que la Comisión de Vigilancia ha insistido ante la Auditoría Superior de la Federación en la conveniencia de aclarar la naturaleza de los recursos que integran dicha cantidad, su ubicación y las consecuencias de la recuperación lograda".
En términos comparativos, manifiesta el documento, en las revisiones practicadas a los ejercicios fiscales de 2002 a 2005 se presentó una reducción en los montos totales que afectaron las cuentas públicas. En 2002 el monto del impacto económico a los recursos públicos fue de 77 mil 287 millones de pesos; en 2003 el daño al erario fue de 54 mil 92 millones de pesos, y un año después, en 2004, la cifra se ubicó en 33 mil 157 millones de pesos.