martes, 19 de febrero de 2008

Limitan funcionarios federales investigación contra Fox

Humberto Rosales

Omnia


Víctor Valencia, diputado federal que preside la comisión del Congreso que investiga a la familia Vicente Fox, comentó que los funcionarios a los que se les pide información sobre la posible responsabilidad del expresidente, se amparan en la Ley de Transparencia y alegan que se trata de información reservada.

Indicó que incluso la semana pasada compareció la secretaria ejecutiva del Ipab, María Teresa Fernández Labardini, ante esta comisión, luego de que no presentara la información completa que se le solicitó.

Durante su comparecencia, que se realizó este jueves, el diputado Valencia aseguró que se demostrará que los funcionarios, aun amparándose en la Ley de Transparencia, deben entregar la información, y no deben tomar este pretexto para hacer retrasr la investigación.

Asimismo dijo que este miércoles convocarán al director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, para que proporcione la información que no ha entregado.

Por otra parte, indicó que respecto a la familia Bribiesca existen muchas líneas de investigación, puesto que se encuentran inmiscuidos en licitaciones mal otorgadas en varios organismos, como Pemex e Infoavit. “Hay transacciones millonarias que ponen en evidencia la fortuna que antes no tenían y que ahora presumen”, dijo el legislador.

Sin embargo, a pesar de estas numerosas líneas de investigación, al llegar a la instancia que corresponde los funcionarios dicen que hay información reservada, lo que limita el trabajo de la comisión.

Guerra partidaria estanca a la comisión Fox

En 12 mil fojas, los diputados integrantes de la comisión especial que investiga el patrimonio de Vicente Fox han encontrado sólo lo evidente, lo que se conoce en medios de comunicación, lo que les heredaron los diputados de la anterior legislatura: inconsistencias en declaraciones patrimoniales, manejo ilegal de archivos oficiales, y falta de comprobación de recursos entregados para la transición en el año 2000. Nada nuevo.

El clima de encono al interior de la comisión de cinco diputados —dos panistas, uno del PRD, uno del PRI y uno más del PVEM— mantiene en parálisis la indagación.

Reuniones paralelas al trabajo en comisiones, declaraciones y acusaciones sobre conflicto de intereses, han sido el pan de cada día en la comisión investigadora del caso Fox.

Partidizada e identificada en su interior por bloques —por un lado PRI, PRD y PVEM, y por otro el PAN— los diputados Víctor Valencia de los Santos (PRI), su presidente, y los panistas Juan de Dios Castro y Alma Alcaraz han centrado su energía en llevar a cabo reuniones informales y agendas particulares, sin avisar nada.

Valencia de los Santos se reunió el 5 de noviembre pasado en un restaurante del Centro Histórico con Lino Korrodi, ex asesor financiero de los Fox, quien abrió el debate sobre el conflicto de intereses entre el diputado del PAN, Juan de Dios Castro, y su padre, Juan de Dios Castro Lozano, quien fue consejero jurídico de la Presidencia en la administración de Fox Quesada.

Por su parte, Castro y su compañera Alma Alcaraz se encontraron con Fox y Marta Sahagún en su cabaña, en Guanajuato; la misma que apareció en la revista Quién.

El PAN considera en este momento a la comisión como un grupo de trabajo de “pirotecnia”, que busca afectar mediáticamente al ex presidente Vicente Fox. Y de nuevo, la comisión especial Fox se encuentra estancada.

En febrero, después de más de un mes de descanso navideño, tuvieron dos reuniones, la primera duró menos de una hora; y la segunda, el jueves pasado, tuvo de invitada a la titular del IPAB María Teresa Fernández Labardini, ante quien Valencia denunció las trabas de funcionarios para obtener datos.

El PRD, en voz de Juan Guerra, pretende presentar denuncias penales en contra de Fox, pero no adelantan los motivos y menos las pruebas.

El 12 de diciembre pasado, los diputados cerraron el año echándose en cara sus actitudes unilaterales, y las visitas a los Fox y a Korrodi; todo ante la mirada de una notaria pública llevada por Alma Alcaraz.

Lo anterior derivó en que Valencia pidiera a la Junta de Coordinación Política, que preside Héctor Larios (PAN), analizar la remoción de Juan de Dios Castro, al señalar que su padre, Juan de Dios Castro Lozano, conocido político del PAN de Durango, fue asesor jurídico de Fox durante su gestión en la Presidencia.

Podría haber conflicto de interés, concluyeron al final, en una votación en que el mismo Juan de Dios Castro votó a favor de su remoción.

“Claro que no me da línea —dice el diputado Castro Muñoz sobre su padre—. Sí hablamos de varios temas, pero no me asesora, ni mucho menos... Los temas que él trató con Fox fueron jurídicos, no patrimoniales”.

El tema sigue; Larios no ha respondido y no hay ningún avance.

Otro indicativo de las sesiones es el pleito entre los diputados panistas y la oposición por si grababan o no la reunión de trabajo.

El PAN siempre llevaba su equipo de grabación de audio; el PRD, en voz de Juan Guerra, se negaba a la grabación, los acusaba de pretender usar lo dicho en su contra.

Y el PRI consideraba que era necesario tener un archivo.

Diferencias y más discusiones

La vigencia de la comisión está estipulada hasta el 11 de abril, pero si existe alguna auditoría en curso puede extenderse su vida legal, según el acuerdo votado por el pleno de la Cámara.

La comisión Fox no recibe recursos por parte del erario público, ni cuenta con instalaciones especiales, por lo que los cinco legisladores se reúnen en las oficinas del diputado Valencia y son apoyados por el personal con que cuentan de manera ordinaria; no solicitar recursos fue un compromiso de todos.

El PAN, molesto

El PAN reveló a EL UNIVERSAL que ya diseña una estrategia para la última etapa de la comisión, centrada en exigir al diputado Valencia más sesiones y que se terminen los pendientes, con el fin de llegar al 11 de abril con la tarea hecha y que no haya pretexto para mantenerla.

Los diputados Alcaraz y Castro coincidieron en que el resultado de la comisión es evidente, pues después de las entrevistas con los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón; de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega, y del IFAI, Alonso Lujambio, a pregunta expresa de si han encontrado alguna irregularidad en que se vea involucrado Fox, todos han dicho “no”.

Juan de Dios Castro Muñoz va mas allá y opina que sus compañeros de la comisión quieren encontrar una grabación incriminatoria como la del gobernador de Puebla, Mario Marín, de extracción priísta; un video como el de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del perredista Andrés Manuel López Obrador, apostando en Las Vegas, o el de René Bejarano guardándose fajos de billetes. “Pero no hay nada, nada”, afirma.

Sin embargo, PVEM y PRD coinciden en que hay pruebas.

Los diputados Xavier López Adame, del PVEM, y Juan Guerra, del PRD, han avanzado en la revisión de las miles de fojas que tienen en la comisión especial, y de las cuales, coinciden en entrevistas por separado, se evidencian irregularidades que deberían ser indagadas por la Secretaría de la Función Pública.

Y es el gran reclamo de la oposición: la falta de acción de parte del gobierno federal ante lo que los medios de comunicación, libros, investigaciones y conocidos declaran en torno a la riqueza del presidente Vicente Fox.

López Adame, que en medio de las discusiones se ha mantenido al margen, asiste a las reuniones y propone temas, dijo en entrevista que desde que les dieron las cajas de información las ha revisado junto con sus asesores, y que tiene suficientes elementos para asegurar que hay inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Fox, lo que es suficiente para abrirle una investigación oficial.

“Sabemos que la investigación tiene tiempo limitado, pero en los hechos a los diputados no nos corresponde investigar, es tarea de la PGR, de la Función Pública, del Ejecutivo”, aseguró. Adelantó que esta pendiente la respuesta de la PGR a una solicitud de revisión de los archivos e instalaciones del Centro Fox.

Así, pasan denuncias, declaraciones, papeles, citas, reuniones, comparecencias, y todo regresa al mismo lugar en el caso Fox.

Y seguirán haciéndose como el Tio Lolo...

El reino de Fox

Anabel Hernández
Reporte Indigo.

Quienes pensaban haber visto todo sobre el clan Fox-Sahagún, se equivocaron. El ex presidente Vicente Fox ha creado su propio reino. Uno hecho a su medida. Su imperio es más grande que la Colina del Perro, mas grande que un rancho en Agualeguas o la finca El Encanto.
Fox es literalmente amo y señor de San Cristóbal. Su familia es hoy propietaria de prácticamente todo el pueblo.

Antes de terminar su gobierno, el político panista que hoy es investigado por enriquecimiento ilícito, planeó cuidadosamente su retiro.
No se conformó con transformar milagrosamente su vieja casa en el rancho San Cristóbal. No se limitó a contruir su propiedad de lujo y secreta en La Estancia. Tampoco fueron suficientes el jeep rojo, ni el millonario Centro Fox.
Quería más. Quería su propio principado, dónde él y su familia pudieran imponer reglas a los súbditos. Una autentica Foxilandia.
En su último año de gobierno, Fox consiguió lo que su familia no había logrado en 70 años. Consumó el despojo de más de 2 mil 114 hectáreas que debían ser entregadas al ejido de San Cristóbal según el decreto presidencial de 1937.
Durante años los ejidatarios exigieron esas tierras a la familia del guanajuatense, pero la respuesta fue siempre negativa.

Vicente Fox se apropió del pueblo de San Cristóbal en una asamblea ejidal realizada el 2 de mayo del 2006. Asamblea que fue custodiada por el Estado Mayor Presidencial y estuvo plagada de presuntas irregularidades.
No sólo participaron y votaron personas supuestamente ajenas al ejido, sino hasta entes del más allá.
J. Luz Cervera Pacheco, un ejidatario que murió hace más de 15 años, milagrosamente firmó el acta en el que el Comisariado Ejidal aceptaba deslindar las tierras, que por decreto le pertenecían, a favor de los Fox.
Y pese a las presuntas anomalías, el notario público número 2 de San Francisco del Rincón, Antonio Salvador García, avaló los acuerdos de la Asamblea. Hoy, este notario es presidente municipal de San Francisco del Rincón, cargo que ocupa desde finales del 2006.

Reporte Indigo tuvo acceso al acta de la asamblea y a los nuevos planos definitivos del ejido San Cristóbal, que fueron hechos por el INEGI y avalados por el Registro Agrario Nacional (RAN).
En los planos aparecen como propietarios Jose Luis Fox Quesada, hermano mayor del ex presidente, y su esposa Luz María Lozano. También Martha Fox, hermana del político panista, y el propio Vicente.
Esta es la historia del Reino Maravilloso de Fox t de cómo los ejidatarios despojados piensan pelear para recuperar las tierras que les pertenecen.

Para leer la historia completa accesen a REPORTE INDIGO.


Advierten a funcionarios por caso Fox

Roberto José Pacheco
Excélsior

Ante la falta de información de las diversas dependencias gubernamentales para esclarecer la presunta riqueza ilícita del ex presidente Vicente Fox y de los hermanos Bribiesca, la Comisión Especial que da seguimiento a la investigación determinó actuar legalmente en contra de funcionarios que incurran en omisión o interfieran en las indagatorias.

La decisión la tomaron los diputados de oposición que conforman la instancia legislativa en medio de la comparecencia de la secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández Labardini.

El priista Víctor Valencia de los Santos, presidente de dicha comisión, consideró que “es desesperante, es frustrante que no podamos encontrar los mecanismos de la legalidad, con esa visión tan de prevención de quienes cometieron esos ilícitos y aprovecharon las lagunas y limitantes que tiene esta instancia legislativa”.

En la reunión también se acordó instruir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar otras averiguaciones para confirmar con pruebas documentales las irregularidades que se cometieron en el pasado régimen.

De los Santos advirtió que de mantenerse la cerrazón, los legisladores interpondrán una controversia contra las instituciones que se niegan a dar la información requerida.