miércoles, 1 de octubre de 2008

El expediente electoral de Fox

José Antonio Crespo
Excélsior


El lunes pasado, el IFE abordó diversas quejas a partidos políticos, interpuestas por sus respectivos rivales y aplicó multas millonarias. Al PAN le tocó una bastante
voluminosa, de 38 millones, debido a que ese partido violó la famosa “tregua de Navidad” (también lo hizo el PRI) y a la injerencia de Vicente Fox en la campaña electoral. Dice la resolución aprobada que las declaraciones de Fox “pueden calificarse como abusivas y fuera de los límites establecidos en la legislación federal electoral” y que “estuvieron encaminadas a traspasar los cauces previamente establecidos en el marco jurídico”. Se podría alegar que la ley no prohíbe específicamente el pronunciamiento público del presidente en turno sobre su preferencia electoral. El caso es que el IFE se basó en el dictamen del Tribunal Electoral de septiembre de 2006, donde consideró la injerencia de Fox como una potencial causal de nulidad, sólo que ésta no llegó a ser determinante en el resultado (a los ojos del Tribunal, pues a los de Fox sí lo fue, basado en las encuestas que tuvo a la mano, según relatan Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro, La Diferencia, 2007). Hubo, desde luego, una infinita irresponsabilidad política de Fox al involucrarse en la campaña, motivado por su obsesión de impedir como fuera que ganara la elección Andrés López Obrador. Pero no había una prohibición específica a que el jefe del Ejecutivo se pronunciara a favor de su partido o candidato. Sin embargo, al utilizar recursos públicos para favorecer a un candidato, a través de la propaganda gubernamental, pudo haber incurrido, no sólo en una infracción administrativa, sino también en un delito electoral, tipificado en el artículo 407 del Código Penal Federal. Pero al IFE le toca sólo atender quejas administrativas, no penales.

El PAN sostiene también que no se puede sancionar a un partido por la conducta de algún militante, así sea éste el mismísimo Presidente de la República, a lo que el Instituto replica que, tras sus indagaciones, encontró que es “ostensible que el PAN sí tuvo conocimiento de los alcances del comportamiento de su militante y, no obstante ello, omitió agotar las medidas a su alcance para evitar la conculcación de la normativa electoral”, razón por la cual se sanciona al partido político. No me queda claro que el PAN pudiera parar a Fox (le costó trabajo hacerlo incluso al nuevo gobierno). Más aún, el propio Felipe se pronunció contra la inconveniente intervención del Presidente: “Fox requiere asumir su papel (de jefe de Estado) porque la democracia mexicana apenas está en la adolescencia y se necesita consolidar. Si quiere apuntalar la democracia, debe ser muy cauto y, sobre todo, neutral, por detentar el poder político” (21/mayo/06).

En todo caso, al aplicar la multa al PAN hubo consenso de los consejeros, pero al discutir si debía darse vista al Congreso a partir de la infracción de Fox, se vio cómo opera la partidización del Consejo. El PRI exigía que se diera vista al Congreso, basado en el precedente que se sentó con otro caso similar, del ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade, por hacer también campaña electoral ilícitamente. El PRI fue multado por ello, pero también se dio vista al Congreso estatal. ¿Por qué la doble vara?, preguntó con razón el representante del PRI. Los cuatro consejeros identificados con el tricolor (Virgilio Andrade, Marco Gómez Alcántar, Marco Baños y Eduardo Guerrero) cerraron filas en torno a ese partido, defendiendo que también se diera vista al Congreso en el caso de Fox.

La postura del PAN (a la cual, extrañamente se sumó el Panal) fue que no se diera vista al Congreso por la injerencia electoral de Fox. Sus consejeros se encargaron de imaginar una respuesta de por qué con Andrade sí y con Fox no. Cada uno sacó sus mejores cartas a la mano. Arturo Sánchez, por ejemplo, señaló que en materia de rendición de cuentas rige una norma distinta para el Presidente que para el resto de la clase política. Hay mucho de cierto: en nuestra flamante “democracia”, a mayor poder y jerarquía, mayor impunidad. Los consejeros priistas replicaron que tendría que ser a la inversa: si el Presidente tiene la mayor responsabilidad política, mayor debiera ser su compromiso con la ley. El consejero Benito Nacif, también “panista”, brindó una razón de mayor peso argumentativo: entre la decisión sobre Andrade y la de Fox media una sentencia del Tribunal, que determina que el IFE debe dar vista a la autoridad respectiva sólo en los casos que de manera clara provoquen una consecuencia judicial. Los consejeros “priistas” respondieron que la tarea del IFE era simplemente cumplir con avisar del acto ilícito al Congreso, que se encargaría de determinar si había o no una conducta sancionable. La consejera “panista”, Macarita Elizondo, dijo que dar vista hubiera procedido al presentarse la queja, hace meses, pero ahora ya era demasiado tarde. Los consejeros “priistas” sugirieron que, si era tarde para aplicar una multa por las infracciones de Fox, tampoco lo era para dar vista al Congreso, como no lo fue tampoco en el caso de Andrade.

Se puede estar de acuerdo con la argumentación de unos u otros (me inclino por la posición del PRI: no aplicar doble vara en un asunto similar). Pero lo que sí quedó claro es que los bloques de consejeros tienden a responder a la postura del partido que los postuló. Al final, los dos consejeros propuestos por el PRD (el presidente, Leonardo Valdés, y Alfredo Figueroa) inclinaron la balanza al votar, junto con los tres consejeros “panistas”, por razones que desconocemos, pues no participaron en el debate para justificar su voto.


La injerencia de Fox, “abusiva”

Alonso Urrutia
La Jornada

En el dictamen elaborado por la secretaría ejecutiva del IFE acerca de la queja presentada por el PRD contra la injerencia ilegal del entonces presidente Vicente Fox, se reconoce que una vez realizadas las indagatorias, efectivamente, las declaraciones de Fox “pueden calificarse como abusivas y fuera de los límites establecidos en la legislación federal electoral”. Aunque pueden considerarse al amparo de la libertad de expresión, “estuvieron encaminadas a traspasar los cauces previamente establecidos en el marco jurídico”.

Al confirmarse que el PAN no hizo lo necesario para inhibir esta conducta, se propondrá al Consejo General del IFE que, conjuntamente con otras irregularidades detectadas, como la realización de actos anticipados de campaña de su entonces candidato Felipe Calderón, se aplique al PAN una multa de 38 millones de pesos.

De acuerdo con el dictamen ya aprobado en la comisión de quejas y denuncias del IFE, distribuido para su análisis a los integrantes del Consejo General, los pronunciamientos de Fox fueron en favor del candidato de su partido y, en otros casos, “atacó a otro de los contendientes de la justa comicial de 2006, (lo cual) debe estimarse como reprochable, en especial cuando tales pronunciamientos ocurrieron durante la vigencia de la denominada ‘tregua navideña’”.

A juicio del IFE, Fox incumplió la obligación que le imponía el acuerdo de “tregua navideña” que aprobó el propio instituto y validó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, agrega, es “ostensible que el PAN sí tuvo conocimiento de los alcances del comportamiento de su militante y, no obstante ello, omitió agotar las medidas a su alcance para evitar la conculcación de la normativa electoral”, motivo por el cual se sanciona al partido político.