Demandas contra el foxismo

Piden que se revisen “los caprichos del gobierno de Fox”
Diario de Yucatán

Más preocupado por legitimarse que por cumplir sus promesas, a Felipe Calderón Hinojosa parece habérsele olvidado investigar las serias irregularidades cometidas por el gobierno de Vicente Fox en obras y programas millonarios como la Biblioteca José Vasconcelos, la Enciclomedia, el Aeropuerto de la Ciudad de México, la expropiación de 27 ingenios azucareros y el Seguro Popular.

Por eso diputados del PRI y del PRD presentarán cinco denuncias al respecto ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), exigiéndoles que actúen contra altos ex funcionarios que, dicen, podrían hallarse actualmente protegidos por el gobierno calderonista y el PAN.

Desde hace varios meses, un grupo de legisladores del PRI encabezados por Carlos Rojas y Raúl Cervantes, entre otros, trabajaron en la elaboración de cinco expedientes sobre igual número de obras y programas de Vicente Fox que al final han sido un fracaso o se han traducido en una injustificada sangría para el erario.

Múltiples irregularidades
Se trata de irregularidades detectadas en la aplicación del Seguro Popular, en la ampliación y construcción de la nueva terminal del Aeropuerto de la Ciudad de México, en la expropiación de los ingenios azucareros, en la implementación de la Enciclomedia y en la edificación de la megabiblioteca José Vasconcelos, que hoy está cerrada por las graves fallas de arquitectura. En el conjunto de estas obras y programas, según las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de acuerdo con las denuncias de los legisladores, las irregularidades podrían ser tipificadas como delitos y actos de corrupción.

Cada una de las cinco denuncias, a las que Proceso tuvo acceso, están sustentadas en las auditorías practicadas por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, y no sólo revelan anomalías en el manejo del dinero y en la licitación de las obras, sino también incumplimiento de diversas leyes y onerosas fallas de construcción que pudieron evitarse con buena planeación.

Raúl Cervantes, doctor en derecho, miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y asesor jurídico de la directiva nacional del PRI, asegura que las denuncias no tienen ánimo político “ni de revanchismo ni de venganza”. Solamente se trata de exigir la aplicación de la ley, afirmó el profesional.

El sueño de los justos
Antonio Ortega, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia, advierte a su vez que también existe el propósito de enviar un mensaje al gobierno de Felipe Calderón en el sentido de que las irregularidades cometidas por el gobierno de Fox no pueden seguir durmiendo el sueño de los justos.

Y es que, explica, conforme a lo observado en el sexenio de Fox y en lo que va del período de Calderón, hay claros signos de que la dirigencia nacional del PAN está presionando al gobierno para proteger a varios exfuncionarios que son miembros del partido. “En este momento se presentarán las cinco denuncias, pero nosotros la próxima semana estaríamos en posibilidad de presentar 30 casos más donde hay evidencias de irregularidades que podrían ser archivadas por la Secretaría de la Función Pública, puntualizó Ortega.”

Reiteradas evidencias de mala administración
En el caso de la expropiación de 27 ingenios que el ex presidente Vicente Fox ejecutó en diciembre de 2001, el diputado priista Raúl Cervantes asevera que hay evidencias de corrupción y de una mala administración que ha ocasionado la pérdida de más de 15,000 millones de pesos hasta el momento, cifra que podría aumentar si no se venden de manera exitosa los 11 ingenios que aún están en manos del gobierno.

A seis años de la expropiación foxista, la demanda revela un dato de la investigación efectuada por la ASF: “No se encontró un estudio formal del gobierno de Fox que demostrara que los ingenios expropiados contrajeran grandes deudas, y que éstas fueran consideradas como prácticas indebidas, y menos que hubieran afectado al sector azucarero”.

El problema es que esas fueron justamente las razones esgrimidas por el gobierno foxista para decretar la expropiación.

Uno de los resultados de esta decisión jurídica y política fue que, de inmediato, varios de los propietarios se ampararon y 14 de los ingenios expropiados tuvieron que ser devueltos. Y en esta operación el gobierno tuvo que pagar 19,297 millones 678,000 pesos que adeudaban los dueños de los 27 ingenios, sin que dicha cifra hubiera sido incluida en el costo fiscal de la transacción.

De manera que, según el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública, la expropiación que ejecutó el gobierno de Vicente Fox, motivada aparentemente por un adeudo de 4,500 millones de pesos a las secretarías de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) y de Economía (SE), por la zafra del ciclo 1999-2000, tuvo más efectos negativos que positivos.

Uno de ellos fue que la industria azucarera del país, de ser la sexta en importancia a escala mundial, en la actualidad se encuentra en crisis. Otro, que los costos del decreto expropiatorio pueden dispararse, ya que los 11 ingenios que aún administra el gobierno federal tienen una deuda de 13,395 millones de pesos, los cuales no se incluyen en el costo fiscal que, en 2005, se estimó en 15,591 millones 56,000 pesos. En total, el costo de la expropiación de los 27 ingenios que hizo Fox en el primer año de su administración sería de casi 29,000 millones de pesos.

Barril sin fondo
La ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluye la construcción de una segunda terminal, es otro de los casos que denunciará el grupo de diputados del PRI y del PRD. “Se trata de un barril sin fondo. Triplicaron los costos. No han terminado, y el auditor recomienda que se revise este capricho del gobierno de Fox”, apunta el diputado y abogado del PRI Raúl Cervantes. Aunque este asunto ya es investigado por la SFP, los legisladores señalan que es necesaria una indagación por parte de la PGR pues de la auditoría aplicada por la ASF de la Cámara de Diputados se desprenden diversas irregularidades “que pueden ser constitutivas de delitos”.

Tras el fracaso de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en terrenos de San Mateo Atenco, Estado de México, el gobierno de Fox determinó ampliar y construir una nueva terminal en el mismo espacio donde se encuentra la actual terminal Benito Juárez.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), dirigida por el arquitecto Ernesto Velasco y dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo entonces de Pedro Cerisola, fue la encargada de realizar las obras. Aunque su costo inicial fue estimado en 8,000 millones de pesos, la cifra podría aumentar hasta 9,000 millones por “errores” de cálculo en los tiempos de entrega y en obras no previstas.

Expone la denuncia: “La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, ASA cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones señaladas, entre las que destacan las siguientes: la entidad no obtuvo la manifestación de construcción de la obra, fraccionó indebidamente la construcción del proyecto de la Terminal 2 y no aplicó retenciones al 31 de diciembre de 2005 por 11,772 millones de pesos por atraso de la contratista en su programa de ejecución”, y una larga lista de anomalías.


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