Analiza el Senado iniciativa de ley del libro que vetó Fox en 2006
La Jornada
Los grupos parlamentarios en el Senado se pusieron finalmente de acuerdo y ayer se presentó en primera lectura la iniciativa de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que fue vetada en septiembre de 2006 por el entonces presidente Vicente Fox.
La Comisión de Cultura del Senado, que preside María Rojo, presentó el dictamen, en el que se mantienen la mayoría de las disposiciones vetadas, entre ellas el precio único del libro,
De esta forma por segunda ocasión, ya que la primera fue en abril de 2006, el Senado votará la nueva ley, con diferencias mínimas respecto del original.
Los legisladores refutaron una a una las observaciones que Fox hizo y advirtieron que establecer el precio único al libro, no violenta el sistema jurídico constitucional ni provoca prácticas monopólicas.
Establecer esa medida tiene el propósito de que el precio único sea respetado por toda la cadena de comercialización y contribuya al mismo tiempo a erradicar prácticas discriminatorias por las que ejemplares de una misma edición se venden a precios diferentes.
Asimismo, con esa medida se incrementará la oferta de títulos no incluidos en los acervos bibliotecarios e inaccesibles por su elevado costo en puntos de venta del interior del país.
“El precio único tiene también la finalidad de potenciar el mercado editorial a todo el territorio nacional y que en la competencia se tomen en cuenta aspectos como variar el catálogo, localización, surtido, servicios personalizados y ubicación en los puntos de venta, entre otros.”
En el dictamen se resalta que la intervención del Estado en el mercado editorial es relevante, ya que representa una parte significativa de la producción del libro.
Al respecto, se señala que durante 2000 el Estado participó en 56 por ciento de la producción total, 178.5 millones de ejemplares, de los que 173.5 millones fueron distribuidos en educación básica y sólo 5 millones destinados a la comercialización directa.
“Además, cabe destacar que 38 por ciento de la producción total de las editoriales privadas en ese mismo año, 140.6 millones de ejemplares, se dirigió a la demanda de libros de las instituciones gubernamentales, sobre todo para cubrir las necesidades de los programas de la Secretaría de Educación Pública.”
Los legisladores argumentan también que la disminución artificial de precios en las grandes librerías y en las más de 3 mil tiendas de autoservicio y departamentales han contribuido al cierre paulatino de las librerías tradicionales e impiden el desarrollo de nuevos puntos de venta, que acerquen el libro al lector potencial.
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