PRESENTAN DIPUTADOS SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO CONTRA EL EX MANDATARIO | SOLICITARÁN DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE SAHAGÚN
PIDEN DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE SAHAGÚN
La comisión legislativa que investiga a Vicente Fox solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) las declaraciones patrimoniales de Marta Sahagún, para conocer con certeza los bienes que tenía cuando se desempeñaba como vocera de la Presidencia, dice EL UNIVERSAL. Argumentó que estas declaraciones no se incluyeron en la información que la dependencia entregó a la Cámara de Diputados, y que son necesarias para su análisis y comparación. La diputada del PAN, Alma Edwviges Alcaraz, integrante de la comisión especial, reconoció que de un primer análisis de las declaraciones patrimoniales del ex mandatario se desprenden “diferencias”entre las que entregó a la SFP y las que exhibe en la página electrónica del Centro Fox”. “Hemos encontrado diferencias que estamos tratando de ver de dónde provienen”, comentó, señala EL UNIVERSAL. Dijo que en este momento no se pude hablar de un error o de otra situción, o si hubo mala fe.
Agárrense! que ahora si les va a dar chorrillo...
Juicio político contra Fox, demandan en la Cámara
Se le acusa por enriquecimiento inexplicable, desvío de recursos y su ilegal intervención en la elección de 2006
El panorama político y judicial se complica para el ex presidente Vicente Fox Quesada, quien ahora es objeto de una solicitud de juicio político en su contra, presentado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.
El abogado Jesús González Schmal sostuvo que sí existen argumentos suficientes para aplicar la ley al guanajuatense por enriquecimiento inexplicable, desvío de recursos y su burda intervención en el proceso electoral de 2006 para favorecer al candidato presidencial del PAN.
La solicitud fue presentada ante la secretaría general de la Cámara de Diputados por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, quien fue acompañado por la diputada Claudia Cruz y por González Schmal, quien desde hace más de cuatro años ha dado seguimiento puntual a las pruebas que inculpan a Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún Jiménez y los hijos de ésta, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.
El juramento constitucional
Los argumentos para presentar la solicitud a la instancia legal para iniciar el procedimiento de juicio político se basan en que “las violaciones en las que se fundamenta este juicio incluyen no sólo cuestiones jurídicas, sino que tienen una dimensión ética respecto del desempeño como servidor público. Lo anterior se sustenta en la toma de protesta de Vicente Fox, quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen; así, la nación tiene cuerpo en el Congreso de la Unión y, por tanto, el juicio político es un medio de control constitucional que tiene el Poder Legislativo y corresponde a la Cámara de Diputados acusarlo ante la Cámara de Senadores, instancia responsable de resolver la denuncia”.
Acerca de la ilegalidad electoral de Fox Quesada, el documento sostiene que a la denuncia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el ex presidente porque puso en peligro los comicios de 2006, se suma el escándalo conocido como Amigos de Fox.
Además, “Vicente Fox violó grave y sistemáticamente las garantías individuales y sociales de las y los mexicanos por permitir y tolerar que los ilícitos cometidos por él mismo, los servidores públicos a su cargo y sus familiares, quedaran impunes mediante amplias redes de corrupción entre la que destaca el desvío de fondos públicos, conflicto de intereses, tráfico de influencias, así como acumulación de dinero ilícito”.
La diputada Claudia Cruz replicó ante las expresiones que plantean la improcedencia de la solicitud del PRD: “Sí procede, el artículo 111 de la Constitución dice que cuando un presidente sale de sus funciones tiene todavía un año para que proceda el juicio político”.
–¿A qué sanciones puede ser sujeto el ex presidente? –se le preguntó.
–Puede ser sujeto a dos sanciones. Dice la Constitución que si estuviera en su cargo debería ser retirado del mismo, y en el caso que nos ocupa se le inhabilitaría de uno a 10 años para ocupar cargos públicos. Si procediera el juicio político, evidentemente la gente se puede quedar con que lo van a inhabilitar, pero la Cámara de Diputados y el Senado de la República son la contraparte de la vigilancia de la administración pública federal. Estaremos pendientes del conocimiento de una serie de delitos que plantea el Código Penal Federal, el cual señala que cuando uno conoce una serie de delitos los debe denunciar. Inmediatamente tendríamos que entregar esas denuncias a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública.
A su vez, el legislador Alfonso Suárez del Real, representante perredista, refirió que la solicitud de juicio político se fundamenta en que es procedente porque el plazo para iniciarlo es hasta un año después de que se abandonó el cargo público.
“A efecto de que rinda cuentas sobre su actuación ante la presunción de la ruptura de inocencia, por evidencias que ellos (los Fox) se han encargado de acreditar mediante algunos medios de comunicación, respetables, pero más de corte sentimental que informativo”.
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