Irregularidades de Fox, en la total impunidad
José Contreras
La Crónica de Hoy
En el 2001, la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) practicó una auditoría a las obras de remodelación de las cabañas 1 y 2 y la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, llevada a cabo desde el inicio de la gestión de Vicente Fox.
De acuerdo con la auditoría 2015, la Presidencia de la República celebró, en forma irregular, cuatro contratos con la empresa Humberto Artigas y Asociados por un monto total de 61 millones 895 mil 989.87 pesos.
Tanto la Presidencia como la SFP reservaron por 12 años la información relacionada con las irregularidades cometidas en torno a la remodelación de varias construcciones de Los Pinos.
La SFP informó, en una carta enviada a Crónica el pasado martes, que como resultado de la auditoría 2015 fueron sancionados nueve servidores públicos, entre ellos Carlos Rojas Magnón, quien fue inhabilitado por dos años.
Además, Alberto Ordóñez Benítez fue suspendido por seis meses; María Isabel Jiménez Almaraz, suspendida por seis meses; Gustavo Cortés Valdés, suspendido por seis meses; Luciano Rubén Pérez Hernández, suspendido por 30 días.
Rómulo de Jesús Munguía Salazar, suspendido por tres meses; José Luis Arreola Salcido, suspendido por tres meses; Eduardo Ignacio Seldner Ávila, por tres meses y Gabriel López Figueroa, suspendido por 45 días.
Surgen varias dudas: ¿Celebrar contratos por 61 millones de pesos es tan simple que sólo amerita sanciones de suspensiones temporales?
Entre las irregularidades cometidas en la celebración de los contratos —según la entonces Secodam— están el adjudicar obra pública sin licitación de por medio y entregarla a una empresa que no tenía la capacidad técnica y financiera para llevarla a cabo.
Se le entregaron a la empresa elegida, de manera indebida, recursos por anticipado para que pudiera empezar a realizar su trabajo y de todos modos ésta tuvo que subcontratar a otras empresas.
Además, se compraron artículos de lujo a precios inflados por un monto de 2 millones 570 mil 701 pesos más IVA, para crear una suerte de palacio presidencial.
El precio de la mayoría de esos artículos es una ofensa para los millones de ciudadanos que no cuentan con lo más elemental para vivir .
De las actuaciones que forman parte de la auditoría 2015 se podría desprender que hubo tráfico de influencias, ya que el representante legal de la empresa Humberto Artigas y Asociados, Mario Barjau Granel, declaró ante los auditores de la Secodam, a pregunta expresa, que el contratista fue invitado a participar en la obra directamente “por el licenciado Vicente Fox Quesada”.
Definir si se cometió el delito de tráfico de influencias le compete en primera instancia al Ministerio Público y en última al Poder Judicial, pero la Secodam en su momento y ahora la SFP no consideraron importante turnar el expediente a la PGR.
El 7 de este mes, Crónica publicó que el actual jefe del Estado Mayor Presidencial, Jesús Javier Castillo Cabrera, estuvo involucrado en las irregularidades al firmar —entonces como subjefe administrativo del EMP— uno de los cuatro contratos, el de mayor monto.
Ese mismo día, la SFP se apresuró a precisar que el general brigadier Castillo Cabrera no tiene ninguna responsabilidad, a pesar de que fue él quien firmó el contrato AD 009 01 por 30 millones 88 mil 782.99 pesos para la remodelación de la residencia Miguel Alemán.
En una segunda carta enviada a Crónica, la SFP indicó que Castillo Cabrera y otros funcionarios, “no tenían ninguna facultad ni atribución y por lo tanto no violentaron la ley de responsabilidades, por eso no hubo ninguna sanción”.
Y ahí sí ya no entendemos. ¿No se supone que un servidor público sólo puede hacer lo que expresamente le permite la ley? En el Código Penal Federal está tipificado el delito de uso indebido de atribuciones.
Entonces, si el general Castillo Cabrera hizo algo tan grave como firmar un contrato millonario cuando no tenía atribuciones para ello, ¿por qué no es sujeto de sanción?
Para la SFP, el caso de la remodelación de las construcciones de Los Pinos no ameritó más que sanciones administrativas menores, irrisorias, a nueve funcionarios de muy bajo rango, a pesar de la gran cantidad de recursos públicos que estuvo en juego.
Pero ahora, las cerca de 500 cuartillas de la auditoría 2015, que incluyen interrogatorios a los representantes de las empresas involucradas —la contratada y las subcontratadas— forma parte de la averiguación previa que la PGR abrió recientemente en contra del ex presidente Vicente Fox.
Tarde o temprano el órgano de procuración de justicia a nivel federal se tendrá que definir, tras valorar ésta y otras pruebas aportadas por el denunciante, el senador Ricardo Monreal.
Es necesario que la PGR actúe con independencia en este caso y que, si decide no ejercer acción penal en contra de ninguno de los involucrados, por lo menos ofrezca argumentos convincentes, que no dejen espacio para la duda o la especulación.
La Crónica de Hoy
En el 2001, la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) practicó una auditoría a las obras de remodelación de las cabañas 1 y 2 y la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, llevada a cabo desde el inicio de la gestión de Vicente Fox.
De acuerdo con la auditoría 2015, la Presidencia de la República celebró, en forma irregular, cuatro contratos con la empresa Humberto Artigas y Asociados por un monto total de 61 millones 895 mil 989.87 pesos.
Tanto la Presidencia como la SFP reservaron por 12 años la información relacionada con las irregularidades cometidas en torno a la remodelación de varias construcciones de Los Pinos.
La SFP informó, en una carta enviada a Crónica el pasado martes, que como resultado de la auditoría 2015 fueron sancionados nueve servidores públicos, entre ellos Carlos Rojas Magnón, quien fue inhabilitado por dos años.
Además, Alberto Ordóñez Benítez fue suspendido por seis meses; María Isabel Jiménez Almaraz, suspendida por seis meses; Gustavo Cortés Valdés, suspendido por seis meses; Luciano Rubén Pérez Hernández, suspendido por 30 días.
Rómulo de Jesús Munguía Salazar, suspendido por tres meses; José Luis Arreola Salcido, suspendido por tres meses; Eduardo Ignacio Seldner Ávila, por tres meses y Gabriel López Figueroa, suspendido por 45 días.
Surgen varias dudas: ¿Celebrar contratos por 61 millones de pesos es tan simple que sólo amerita sanciones de suspensiones temporales?
Entre las irregularidades cometidas en la celebración de los contratos —según la entonces Secodam— están el adjudicar obra pública sin licitación de por medio y entregarla a una empresa que no tenía la capacidad técnica y financiera para llevarla a cabo.
Se le entregaron a la empresa elegida, de manera indebida, recursos por anticipado para que pudiera empezar a realizar su trabajo y de todos modos ésta tuvo que subcontratar a otras empresas.
Además, se compraron artículos de lujo a precios inflados por un monto de 2 millones 570 mil 701 pesos más IVA, para crear una suerte de palacio presidencial.
El precio de la mayoría de esos artículos es una ofensa para los millones de ciudadanos que no cuentan con lo más elemental para vivir .
De las actuaciones que forman parte de la auditoría 2015 se podría desprender que hubo tráfico de influencias, ya que el representante legal de la empresa Humberto Artigas y Asociados, Mario Barjau Granel, declaró ante los auditores de la Secodam, a pregunta expresa, que el contratista fue invitado a participar en la obra directamente “por el licenciado Vicente Fox Quesada”.
Definir si se cometió el delito de tráfico de influencias le compete en primera instancia al Ministerio Público y en última al Poder Judicial, pero la Secodam en su momento y ahora la SFP no consideraron importante turnar el expediente a la PGR.
El 7 de este mes, Crónica publicó que el actual jefe del Estado Mayor Presidencial, Jesús Javier Castillo Cabrera, estuvo involucrado en las irregularidades al firmar —entonces como subjefe administrativo del EMP— uno de los cuatro contratos, el de mayor monto.
Ese mismo día, la SFP se apresuró a precisar que el general brigadier Castillo Cabrera no tiene ninguna responsabilidad, a pesar de que fue él quien firmó el contrato AD 009 01 por 30 millones 88 mil 782.99 pesos para la remodelación de la residencia Miguel Alemán.
En una segunda carta enviada a Crónica, la SFP indicó que Castillo Cabrera y otros funcionarios, “no tenían ninguna facultad ni atribución y por lo tanto no violentaron la ley de responsabilidades, por eso no hubo ninguna sanción”.
Y ahí sí ya no entendemos. ¿No se supone que un servidor público sólo puede hacer lo que expresamente le permite la ley? En el Código Penal Federal está tipificado el delito de uso indebido de atribuciones.
Entonces, si el general Castillo Cabrera hizo algo tan grave como firmar un contrato millonario cuando no tenía atribuciones para ello, ¿por qué no es sujeto de sanción?
Para la SFP, el caso de la remodelación de las construcciones de Los Pinos no ameritó más que sanciones administrativas menores, irrisorias, a nueve funcionarios de muy bajo rango, a pesar de la gran cantidad de recursos públicos que estuvo en juego.
Pero ahora, las cerca de 500 cuartillas de la auditoría 2015, que incluyen interrogatorios a los representantes de las empresas involucradas —la contratada y las subcontratadas— forma parte de la averiguación previa que la PGR abrió recientemente en contra del ex presidente Vicente Fox.
Tarde o temprano el órgano de procuración de justicia a nivel federal se tendrá que definir, tras valorar ésta y otras pruebas aportadas por el denunciante, el senador Ricardo Monreal.
Es necesario que la PGR actúe con independencia en este caso y que, si decide no ejercer acción penal en contra de ninguno de los involucrados, por lo menos ofrezca argumentos convincentes, que no dejen espacio para la duda o la especulación.
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