Comisionitis, enfermedad incurable del congreso
José Contreras
La Crónica de Hoy
El Congreso padece de una enfermedad crónica que se manifiesta constantemente y que lo desgasta política y económicamente: la creación de comisiones “especiales” para atender asuntos que deben ser resueltos por otras vías.
Un nuevo ataque de comisionitis se presentó el pasado lunes, cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó crear una comisión “investigadora” del presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Vicente Fox.
Hay muchas cosas que deben ser aclaradas de la administración foxista, como la operación de decenas de fideicomisos creados durante ese sexenio
para manejar recursos que no estarían sujetos a fiscalización.
El ejemplo más ilustrativo de lo anterior es el Fideicomiso Transforma México, creado dentro de la Lotería Nacional y a través del cual se transfirieron recursos públicos a la organización Vamos México, que encabeza Martha Sahagún.
Las senadoras de la pasada legislatura Dulce María Sauri Riancho, Martha Tamayo y Noemí Guzmán documentaron un desvío de al menos 200 millones de pesos hacia organizaciones empresariales y de corte panista, pero la única consecuencia de esa revelación fue el cese de la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés.
También hubo irregularidades por cerca de 211 millones de pesos en el Fideicomiso Programa Marcha Hacia el Sur, que estaba destinado a proporcionar apoyo a proyectos productivos de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, con objeto de crear empleos en la región.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 20 años al secretario técnico del Fideicomiso, y le impuso una multa de 179 millones de pesos, pero no hubo sanciones penales y nunca se aclaró a qué empresas o personas fueron entregados los recursos de manera irregular.
La administración de Vicente Fox debe responder también por las irregularidades cometidas en torno al elefante blanco que es la mega biblioteca José Vasconcelos, por las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por presuntos malos manejos en el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, entre otros asuntos.
La idea de que se investigue el posible enriquecimiento inexplicable del ex presidente Vicente Fox es positiva, pero no le corresponde al Congreso hacerlo.
La creación de una comisión “investigadora” sólo generará, ya lo empezó a hacer, impacto mediático y rentabilidad política para algunos.
El artículo 21 de la Constitución concede al Ministerio Público la facultad exclusiva de la persecución de los delitos y al Poder Judicial la aplicación de las penas.
Y el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución dice que las Cámaras de Diputados y de Senadores pueden integrar “comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.
El propio párrafo precisa que los resultados de las investigaciones que lleven a cabo esas comisiones se harán del conocimiento del Ejecutivo.
Vicente Fox es en este momento un particular. En su calidad de ex servidor público, son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y en todo caso la PGR, las instancias que pueden y deben investigar la situación patrimonial del ex Presidente.
En la pasada legislatura, la Cámara de Diputados creó una comisión “investigadora” de las empresas de los hijos de Marta Sahagún. Los tres años de inversión de recursos humanos y materiales terminaron cuando el Poder Judicial otorgó un amparo a los hermanos Bribiesca, con el argumento de que la Cámara de Diputados no puede investigar a particulares.
En esta legislatura, el Senado tuvo la puntada de crear una comisión “investigadora” de todo lo relacionado con el chino Zhenli Ye Gon, a raíz de que involucró a un “Javier Alarcón” en declaraciones a la prensa.
El PAN advirtió que en todo caso también se investigaría a Marcelo Ebrard, porque compartió abogados con el chino y a Enrique Peña Nieto porque por el Estado de México pasó la efedrina. Los priistas y perredistas recularon y la comisión no ha sido integrada.
La comisionitis es una grave enfermedad. Actualmente la Cámara de Diputados tiene 44 comisiones ordinarias, 20 especiales y 5 “investigadoras”. El Senado tiene 57 comisiones ordinarias, 3 especiales, y ambas cámaras comparten 5 bicamerales.
El marco jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas aún adolece de serias deficiencias, pero éstas no serán subsanadas con la creación de comisiones “investigadoras” del Congreso que no llevan a ninguna parte y sí contribuyen a engrosar la burocracia legislativa.
Liderazgo a prueba
Aurelio Ramos
La Crónica de Hoy
Fox exonerado. Si alguien pensó que el presidente Felipe Calderón asumiría de verdad su condición de líder máximo del país para tratar de forjar “un México distinto del que se queda quieto, callado, resignado”, y que en ese empeño empezaría por atender el clamor popular que exige investigar la fortuna de Vicente Fox exhibida de manera no sólo voluntaria y torpe sino aun presuntuosa, ya tiene indicios de sobra para convencerse de que se equivocó de punta a cabo.
Por voz de Francisco Ramírez Acuña el gobierno federal salió en abierta defensa de la cuestionada probidad del ex Mandatario, mediante una frase trillada pero elocuente, que de paso develó el conflicto de lealtades en que se debate el responsable de la política interior al reconocer la existencia de un doble mando en el más alto cargo de la República. “Yo metería las manos al fuego por el Presidente Fox” , dijo, sin titubeos.
La exoneración formulada por el jalisciense equivalió a enmendarle la plana al ahora ex secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, quien apenas dos días antes había emitido un comunicado con el ofrecimiento —así fuese mera impostura— de colaborar con el Legislativo en la tarea promovida por la oposición para investigar el origen de los caudales del imprudente y verboso ex Jefe del Ejecutivo.
Incapaz de tomarle atinadamente el pulso a la realidad, el titular de Gobernación repitió con el caso Fox su lance de julio pasado, cuando también con una sola frase —“resulta ocioso hablar de este asunto”— dio por cerrado para el gobierno el escándalo derivado del descomunal hallazgo de 205 millones de dólares en efectivo en la casa de Zhenli Ye Gon, una película que para la opinión pública apenas comenzaba.
La exculpación oficial al ex Presidente —quien por lo visto no encuentra mejor manera de ocupar su ocio que hacer alarde de su cleptomanía y su verborrea— fue la clarinada para que salieran a defenderlo sus correligionarios y todo el aparato público, de Eduardo Sojo y Héctor Larios a Santiago Creel y Ramón Muñoz, pasando por Xóchitl Gálvez y los más conspicuos líderes del PAN.
De la mano de su cónyuge Marta Sahagún —a quien por cierto nadie, ni por equivocación, ha defendido del cúmulo de acusaciones que también resiente— Fox se fue contra las tablas por su propia iniciativa por más que ahora se queja de supuestos afanes de desprestigiarlo a base de datos falsos e historias fantasiosas.
Sin que nadie se lo pidiera, presumió de su rancho remodelado al parecer con dinero público, de los vehículos que allí tiene a su disposición y son símbolo de opulencia; de su centro de estudios financiado con dinero que a decir de su compinche Lino Korrodi proviene de empresarios ilegalmente favorecidos desde la Presidencia…
Desatado el escándalo por una fortuna que, mírese por donde se mire, no corresponde con el patrimonio mostrado por el guanajuatense seis años atrás, ni con el ingreso por él obtenido a su paso por la jefatura del Estado, los medios se encargaron de descubrir otras lindezas. La sustracción de Los Pinos de documentos y bienes que son propiedad de la Nación; la sorprendente y súbita prosperidad de las empresas familiares; los viajes a todo lujo, la intolerancia a la crítica...
Vicente Fox no es el único ex mandatario latinoamericano sobre quien pesan sospechas de corrupción y abusos desde el poder público. En Bolivia cumple condena Luis García Meza, el ex dictador extraditado de Brasil en 1995. En Estados Unidos sigue su curso una solicitud de extradición del gobierno de Evo Morales en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio. Manuel Antonio Noriega purgó pena de 17 años por narcotráfico en Estados Unidos y ahora lo reclaman Panamá y Francia. En el Perú, tras siete años de andar prófugo, Alberto Fujimori se halla por fin bajo proceso judicial.
A diferencia de lo que sucede en otras latitudes, sin embargo, el panista que ofreció transformar a México mediante un gobierno gerencial y acabó como patética cabeza de una administración pusilánime, se halla inalcanzable para el brazo de la justicia, protegido desde la Presidencia de turno.
¿Quién podrá hacer cumplir la ley, si el incombustible secretario de Gobernación en funciones de vocero presidencial ya dijo que mete las manos al fuego por la honestidad del “Presidente Fox”? ¿Quién puede suponer, sin engañarse, que prosperarán las demandas radicadas en la PGR en contra del político de las botas, si el gobierno ya dijo que éste es inmaculado y con honradez a prueba de fuego?
Por si fuera poco, la salida de Martínez Cázares del gobierno para buscar el liderazgo de su partido con la bendición del líder nato del panismo, significa que en el ámbito del Ejecutivo las supuestas indagaciones en torno de Fox tendrán que empezar de cero.
Podrá decirse que los compromisos de investigación y colaboración son institucionales no personales, y que por lo mismo las acciones no se detienen por una dimisión; pero no es cierto. Podrá decirse incluso que el nuevo titular de aquella dependencia, Salvador Vega Casillas, es incondicional del renunciante y que en tal virtud la continuidad está garantizada. Falso. Para los fines dilatorios de la administración calderonista la renuncia del seguro dirigente nacional del panismo ofrece la oportunidad de acentuar el tortuguismo respecto del escandaloso tema de la corrupción a cuatro manos de la pareja presidencial.
Y así, ante la ausencia de voluntad para ejercer su liderazgo y hacer justicia por parte del líder número uno de esa minoría selecta, la crema de la crema intelectual, empresarial, política y de gobierno que se reunió hace justo una semana en la Hacienda Los Morales, el desenlace del caso Fox es predecible: la impunidad.
Se escuchó bien el Jefe de la Nación al pedirle a esa elite perfumada, educada y sobre alimentada asumir la responsabilidad y el compromiso que le corresponde con su generación y con su tiempo, no hundirse en la mediocridad y el miedo. Falta el ejemplo.
Por lo pronto, en lo que toca al caso Fox, los mexicanos tendremos que conformarnos con la aplicación de la pura sanción moral —¡uy, qué miedo!”— que representan los graves señalamientos en los medios y en la oposición, contra el presunto responsable de una corrupción documentada ya de manera suficiente como para ser sancionada de modo menos etéreo.
La Crónica de Hoy
El Congreso padece de una enfermedad crónica que se manifiesta constantemente y que lo desgasta política y económicamente: la creación de comisiones “especiales” para atender asuntos que deben ser resueltos por otras vías.
Un nuevo ataque de comisionitis se presentó el pasado lunes, cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó crear una comisión “investigadora” del presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Vicente Fox.
Hay muchas cosas que deben ser aclaradas de la administración foxista, como la operación de decenas de fideicomisos creados durante ese sexenio
para manejar recursos que no estarían sujetos a fiscalización.
El ejemplo más ilustrativo de lo anterior es el Fideicomiso Transforma México, creado dentro de la Lotería Nacional y a través del cual se transfirieron recursos públicos a la organización Vamos México, que encabeza Martha Sahagún.
Las senadoras de la pasada legislatura Dulce María Sauri Riancho, Martha Tamayo y Noemí Guzmán documentaron un desvío de al menos 200 millones de pesos hacia organizaciones empresariales y de corte panista, pero la única consecuencia de esa revelación fue el cese de la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés.
También hubo irregularidades por cerca de 211 millones de pesos en el Fideicomiso Programa Marcha Hacia el Sur, que estaba destinado a proporcionar apoyo a proyectos productivos de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, con objeto de crear empleos en la región.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 20 años al secretario técnico del Fideicomiso, y le impuso una multa de 179 millones de pesos, pero no hubo sanciones penales y nunca se aclaró a qué empresas o personas fueron entregados los recursos de manera irregular.
La administración de Vicente Fox debe responder también por las irregularidades cometidas en torno al elefante blanco que es la mega biblioteca José Vasconcelos, por las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por presuntos malos manejos en el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, entre otros asuntos.
La idea de que se investigue el posible enriquecimiento inexplicable del ex presidente Vicente Fox es positiva, pero no le corresponde al Congreso hacerlo.
La creación de una comisión “investigadora” sólo generará, ya lo empezó a hacer, impacto mediático y rentabilidad política para algunos.
El artículo 21 de la Constitución concede al Ministerio Público la facultad exclusiva de la persecución de los delitos y al Poder Judicial la aplicación de las penas.
Y el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución dice que las Cámaras de Diputados y de Senadores pueden integrar “comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.
El propio párrafo precisa que los resultados de las investigaciones que lleven a cabo esas comisiones se harán del conocimiento del Ejecutivo.
Vicente Fox es en este momento un particular. En su calidad de ex servidor público, son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y en todo caso la PGR, las instancias que pueden y deben investigar la situación patrimonial del ex Presidente.
En la pasada legislatura, la Cámara de Diputados creó una comisión “investigadora” de las empresas de los hijos de Marta Sahagún. Los tres años de inversión de recursos humanos y materiales terminaron cuando el Poder Judicial otorgó un amparo a los hermanos Bribiesca, con el argumento de que la Cámara de Diputados no puede investigar a particulares.
En esta legislatura, el Senado tuvo la puntada de crear una comisión “investigadora” de todo lo relacionado con el chino Zhenli Ye Gon, a raíz de que involucró a un “Javier Alarcón” en declaraciones a la prensa.
El PAN advirtió que en todo caso también se investigaría a Marcelo Ebrard, porque compartió abogados con el chino y a Enrique Peña Nieto porque por el Estado de México pasó la efedrina. Los priistas y perredistas recularon y la comisión no ha sido integrada.
La comisionitis es una grave enfermedad. Actualmente la Cámara de Diputados tiene 44 comisiones ordinarias, 20 especiales y 5 “investigadoras”. El Senado tiene 57 comisiones ordinarias, 3 especiales, y ambas cámaras comparten 5 bicamerales.
El marco jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas aún adolece de serias deficiencias, pero éstas no serán subsanadas con la creación de comisiones “investigadoras” del Congreso que no llevan a ninguna parte y sí contribuyen a engrosar la burocracia legislativa.
Liderazgo a prueba
Aurelio Ramos
La Crónica de Hoy
Fox exonerado. Si alguien pensó que el presidente Felipe Calderón asumiría de verdad su condición de líder máximo del país para tratar de forjar “un México distinto del que se queda quieto, callado, resignado”, y que en ese empeño empezaría por atender el clamor popular que exige investigar la fortuna de Vicente Fox exhibida de manera no sólo voluntaria y torpe sino aun presuntuosa, ya tiene indicios de sobra para convencerse de que se equivocó de punta a cabo.
Por voz de Francisco Ramírez Acuña el gobierno federal salió en abierta defensa de la cuestionada probidad del ex Mandatario, mediante una frase trillada pero elocuente, que de paso develó el conflicto de lealtades en que se debate el responsable de la política interior al reconocer la existencia de un doble mando en el más alto cargo de la República. “Yo metería las manos al fuego por el Presidente Fox” , dijo, sin titubeos.
La exoneración formulada por el jalisciense equivalió a enmendarle la plana al ahora ex secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, quien apenas dos días antes había emitido un comunicado con el ofrecimiento —así fuese mera impostura— de colaborar con el Legislativo en la tarea promovida por la oposición para investigar el origen de los caudales del imprudente y verboso ex Jefe del Ejecutivo.
Incapaz de tomarle atinadamente el pulso a la realidad, el titular de Gobernación repitió con el caso Fox su lance de julio pasado, cuando también con una sola frase —“resulta ocioso hablar de este asunto”— dio por cerrado para el gobierno el escándalo derivado del descomunal hallazgo de 205 millones de dólares en efectivo en la casa de Zhenli Ye Gon, una película que para la opinión pública apenas comenzaba.
La exculpación oficial al ex Presidente —quien por lo visto no encuentra mejor manera de ocupar su ocio que hacer alarde de su cleptomanía y su verborrea— fue la clarinada para que salieran a defenderlo sus correligionarios y todo el aparato público, de Eduardo Sojo y Héctor Larios a Santiago Creel y Ramón Muñoz, pasando por Xóchitl Gálvez y los más conspicuos líderes del PAN.
De la mano de su cónyuge Marta Sahagún —a quien por cierto nadie, ni por equivocación, ha defendido del cúmulo de acusaciones que también resiente— Fox se fue contra las tablas por su propia iniciativa por más que ahora se queja de supuestos afanes de desprestigiarlo a base de datos falsos e historias fantasiosas.
Sin que nadie se lo pidiera, presumió de su rancho remodelado al parecer con dinero público, de los vehículos que allí tiene a su disposición y son símbolo de opulencia; de su centro de estudios financiado con dinero que a decir de su compinche Lino Korrodi proviene de empresarios ilegalmente favorecidos desde la Presidencia…
Desatado el escándalo por una fortuna que, mírese por donde se mire, no corresponde con el patrimonio mostrado por el guanajuatense seis años atrás, ni con el ingreso por él obtenido a su paso por la jefatura del Estado, los medios se encargaron de descubrir otras lindezas. La sustracción de Los Pinos de documentos y bienes que son propiedad de la Nación; la sorprendente y súbita prosperidad de las empresas familiares; los viajes a todo lujo, la intolerancia a la crítica...
Vicente Fox no es el único ex mandatario latinoamericano sobre quien pesan sospechas de corrupción y abusos desde el poder público. En Bolivia cumple condena Luis García Meza, el ex dictador extraditado de Brasil en 1995. En Estados Unidos sigue su curso una solicitud de extradición del gobierno de Evo Morales en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio. Manuel Antonio Noriega purgó pena de 17 años por narcotráfico en Estados Unidos y ahora lo reclaman Panamá y Francia. En el Perú, tras siete años de andar prófugo, Alberto Fujimori se halla por fin bajo proceso judicial.
A diferencia de lo que sucede en otras latitudes, sin embargo, el panista que ofreció transformar a México mediante un gobierno gerencial y acabó como patética cabeza de una administración pusilánime, se halla inalcanzable para el brazo de la justicia, protegido desde la Presidencia de turno.
¿Quién podrá hacer cumplir la ley, si el incombustible secretario de Gobernación en funciones de vocero presidencial ya dijo que mete las manos al fuego por la honestidad del “Presidente Fox”? ¿Quién puede suponer, sin engañarse, que prosperarán las demandas radicadas en la PGR en contra del político de las botas, si el gobierno ya dijo que éste es inmaculado y con honradez a prueba de fuego?
Por si fuera poco, la salida de Martínez Cázares del gobierno para buscar el liderazgo de su partido con la bendición del líder nato del panismo, significa que en el ámbito del Ejecutivo las supuestas indagaciones en torno de Fox tendrán que empezar de cero.
Podrá decirse que los compromisos de investigación y colaboración son institucionales no personales, y que por lo mismo las acciones no se detienen por una dimisión; pero no es cierto. Podrá decirse incluso que el nuevo titular de aquella dependencia, Salvador Vega Casillas, es incondicional del renunciante y que en tal virtud la continuidad está garantizada. Falso. Para los fines dilatorios de la administración calderonista la renuncia del seguro dirigente nacional del panismo ofrece la oportunidad de acentuar el tortuguismo respecto del escandaloso tema de la corrupción a cuatro manos de la pareja presidencial.
Y así, ante la ausencia de voluntad para ejercer su liderazgo y hacer justicia por parte del líder número uno de esa minoría selecta, la crema de la crema intelectual, empresarial, política y de gobierno que se reunió hace justo una semana en la Hacienda Los Morales, el desenlace del caso Fox es predecible: la impunidad.
Se escuchó bien el Jefe de la Nación al pedirle a esa elite perfumada, educada y sobre alimentada asumir la responsabilidad y el compromiso que le corresponde con su generación y con su tiempo, no hundirse en la mediocridad y el miedo. Falta el ejemplo.
Por lo pronto, en lo que toca al caso Fox, los mexicanos tendremos que conformarnos con la aplicación de la pura sanción moral —¡uy, qué miedo!”— que representan los graves señalamientos en los medios y en la oposición, contra el presunto responsable de una corrupción documentada ya de manera suficiente como para ser sancionada de modo menos etéreo.
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