En la administración de Fox se desviaron mil millones de dólares, asegura el PRI
Señala que el probable fraude en la operación de ingenios azucareros es de $3,500 millones.
Enrique Méndez
La Jornada
El PRI presentará esta semana cinco denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta comisión de los delitos de peculado y desvío de recursos que habrían cometido funcionarios del gobierno de Vicente Fox en cinco de los principales proyectos del sexenio anterior: Enciclomedia, la Megabiblioteca José Vasconcelos, el Seguro Popular, la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la operación del Fondo de Empresas Expropiadas al Sector Azucarero.
Además, por la probable responsabilidad administrativa en que habrían incurrido los funcionarios, se presentarían también quejas ante la Secretaría de la Función Pública.
El diputado y abogado del PRI Raúl Cervantes Andrade presentó hoy en la octava reunión plenaria del tricolor un informe detallado de las cinco denuncias penales e igual número de quejas administrativas, que se basan en los resultados del Informe de la cuenta de la hacienda pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En entrevista, el doctor en derecho aseguró que el daño probable al erario provocado por la administración foxista asciende a “entre 600 y mil millones de dólares, pues tan sólo el probable fraude en la operación de los ingenios es superior a 3 mil 500 millones de pesos”.
Las denuncias y quejas desglosan los resultados que entregó la ASF, en los cuales se confirma que el gobierno de Fox transfirió ilegalmente recursos para concluir la Megabiblioteca de partidas destinadas para otras áreas del sector educativo, y que en el caso del proyecto Enciclomedia no cumplió con los objetivos de dotar de pizarrones electrónicos y accesos a Internet a las escuelas primarias públicas para los alumnos de quinto y sexto grados.
El PRI pone especial énfasis en la revisión del proyecto de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, sobre el cual la ASF concluyó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares omitió evaluar el impacto por el probable incremento de los niveles de ruido por las operaciones y el aumento del tráfico vehicular, además de que inició la obra sin contar con la opinión sobre este tema de las secretarías de Medio Ambiente y de Salud.
Al respecto, la denuncia del PRI incluye el siguiente resultado de la ASF en su auditoría a la obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): “como resultado de lo anterior, la construcción de la terminal no era ambientalmente factible”, al considerar que el límite de decibeles incluido en las guías para el ruido urbano publicadas por la Universidad de Estocolmo y el Instituto Karolinska de la Organización Mundial de la Salud fija como máximo 55 decibeles, y en el caso del AICM las emisiones de ruido van de 55 a 80.
En ese sentido, la ASF resaltó que al no existir un estudio que demuestre la reducción de esos niveles de ruido en las operaciones del aeropuerto, se permite determinar “que la salud de la población expuesta sigue en riesgo”, sobre todo porque la obra incluye además la construcción de dos accesos vehiculares, lo cual incrementará los niveles de ruido. Asimismo, el órgano superior determinó que los contratistas Ingenieros Civiles Asociados y GUTSA no realizaron un adecuado manejo de los residuos peligrosos en su almacenamiento, transporte y disposición final “ni tampoco etiquetaron los contenedores y recipientes”.
Sobre el proyecto Enciclomedia, la querella del PRI ante la PGR señalará que la administración foxista habría desviado más de mil 600 millones de pesos de la actividad prioritaria R055 para concluir la obra de la Biblioteca José Vasconcelos y para gasto corriente por concepto de pago de consumo de energía eléctrica, de seguros de bienes patrimoniales, asesorías, reorientación de recursos para cubrir la presión del gasto y apoyo a los estados, así como al pago de salarios.
También se detallan los defectos de construcción de la biblioteca, que finalmente obligaron al cierre del inmueble. También con base en datos de la ASF, se indica que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no supervisó los planes de la construcción final, lo que, por ejemplo, no permitió considerar los registros para la instalación eléctrica antes del colado de las losas, por lo que hubo necesidad de romper algunas; afectaciones en la impermeabilización de las azoteas, con agujeros y bolsas de agua, así como la falta de trenes en el muro de contención perimetral, por lo que éste es sometido no sólo al empuje del terreno, sino también al del agua, lo cual originó grietas.
En el caso del fideicomiso azucarero, la denuncia priísta refiere que entre 2001 y 2002 el gobierno federal destinó 3 mil 360 millones de pesos, y que a pesar de ello los 27 ingenios expropiados continuaron reflejando pérdidas. Además se determinó que no se encontraron pruebas que demostraran las causas citadas en el decreto expropiatorio foxista.
Ahora sí, se está poniendo la cosa color de hormiga...
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