Ordenó Fox dar ‘carpetazo’ al caso Bribiesca Sahagún, denuncian diputados
Jesusa Cervantes / Proceso
Un día antes de abandonar su cargo, el 29 de noviembre de 2006, Vicente Fox ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que decretara el “no ejercicio de la acción penal” en la averiguación previa iniciada en contra de sus hijastros, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, quienes habían sido acusados por los entonces diputados federales Jesús González Schmal (Convergencia), Sofía Castro (PRI) y Martha Lucía Micher Camarena (PRD) por el presunto delito de tráfico de influencias.
En conferencia de prensa, González Schmal y el diputado federal Elías Cárdenas, actual presidente de la comisión especial que indaga los contratos otorgados por dependencias federales a la empresa Construcciones Prácticas SA y su vínculo con los hijos de Marta Sahagún de Fox,, relataron lo anterior y añadieron que todavía el pasado mes de abril los legisladores de la segunda comisión investigadora sostuvieron una reunión con el subprocurador Felipe Muñoz, para conocer del avance de la indagatoria y que en dicha reunión el funcionario les informó que la averiguación previa estaba en curso, cosa que, dijeron, no era cierto.
Fue hasta el 9 de julio, es decir, seis meses después, que la PGR les notificó de manera oficial que el caso ya estaba cerrado, informó Cárdenas.
Por ello, Schaml y Cárdenas anunciaron que acudirán tanto al amparo como a la denuncia en contra de los funcionarios que se “burlaron” del Legislativo.
Y la irritación no sólo tiene que ver con que la PGR desechó todas las pruebas presentadas para respaldar la denuncia de tráfico de influencias, sino que desde abril dicha dependencia les aseguró que “todavía se estaban desahogando diligencias”.
“Nos negaron tanto al diputado Elías Cárdenas como a mí que existiera un acuerdo de no ejercicio… el actual subprocurador Felipe Muñoz nos ocultó la información porque ya se había tomado desde noviembre la decisión”, comentó González Schmal.
Por su lado Elías Cárdenas consideró lo anterior “una burla” a la Cámara de Diputados y a la comisión investigadora, “por lo que indudablemente evaluaremos alguna acción contra los funcionarios que han ocultado la información desde el mes de noviembre”.
Aparte de los hijos de Sahagún de Fox, los exdiputados también denunciaron ante la PGR al entonces presidente de la Comisión Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Bouregard, y al propietario de Construcciones Prácticas, Miguel Khoury Simman, quien es socio de Manuel Bribiesca Sahagún en varias empresas.
Cabe destacar que, desde agosto de 2006, los exlegisladores aportaron pruebas que ellos consideraron contundentes sobre la connivencia entre el encargado del IPAB y los hermanos Bribiesca Sahagún para beneficiar a Construcciones Prácticas en al menos cuatro subastas, las que involucraron bienes por unos 2 mil 500 millones y que fueron adjudicadas a Khoury Simman en sólo 8 millones 200 mil pesos.
Ese mismo mes entregaron el reporte a la Secretaría de la Función Pública para que ésta realizara las indagaciones, sin embargo en noviembre el aún titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, se apresuró a exonerar a los hijos de Marta Sahagún, alegando que no había encontrado prueba alguna que corroborara el tráfico de influencias.
Pero los legisladores no sólo entregaron su informe a la SFP y al entonces presidente de la República, también interpusieron una denuncia ante la PGR.
Una de las pruebas contundentes que presentaron fue un cheque entregado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún para el pago de la tercera parte de la subasta que “ganó” Construcciones Prácticas.
La PGR la desechó, pues el propio auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, dijo a las autoridades que “no tenía observaciones” al respecto.
Finalmente el 29 de noviembre la PGR desechó todas estas pruebas y determinó “el no ejercicio de acción penal”, sin embargo en abril, cuando los actuales legisladores se entrevistaron con las autoridades judiciales, éstos aseguraron que proseguía la indagatoria.
“Todavía nos dijeron que se estaban desahogando las diligencias, porque nosotros habíamos aportado demasiados elementos de prueba y que los estaban comprobando, constatando, compulsando, y que por eso tenían una demora. Pero lo que estaban haciendo es tener una carta oculta, es decir, estaban dando una patente de impunidad a los hermanos Bribiesca”, sintetizó González Schmal.
Un día antes de abandonar su cargo, el 29 de noviembre de 2006, Vicente Fox ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que decretara el “no ejercicio de la acción penal” en la averiguación previa iniciada en contra de sus hijastros, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, quienes habían sido acusados por los entonces diputados federales Jesús González Schmal (Convergencia), Sofía Castro (PRI) y Martha Lucía Micher Camarena (PRD) por el presunto delito de tráfico de influencias.
En conferencia de prensa, González Schmal y el diputado federal Elías Cárdenas, actual presidente de la comisión especial que indaga los contratos otorgados por dependencias federales a la empresa Construcciones Prácticas SA y su vínculo con los hijos de Marta Sahagún de Fox,, relataron lo anterior y añadieron que todavía el pasado mes de abril los legisladores de la segunda comisión investigadora sostuvieron una reunión con el subprocurador Felipe Muñoz, para conocer del avance de la indagatoria y que en dicha reunión el funcionario les informó que la averiguación previa estaba en curso, cosa que, dijeron, no era cierto.
Fue hasta el 9 de julio, es decir, seis meses después, que la PGR les notificó de manera oficial que el caso ya estaba cerrado, informó Cárdenas.
Por ello, Schaml y Cárdenas anunciaron que acudirán tanto al amparo como a la denuncia en contra de los funcionarios que se “burlaron” del Legislativo.
Y la irritación no sólo tiene que ver con que la PGR desechó todas las pruebas presentadas para respaldar la denuncia de tráfico de influencias, sino que desde abril dicha dependencia les aseguró que “todavía se estaban desahogando diligencias”.
“Nos negaron tanto al diputado Elías Cárdenas como a mí que existiera un acuerdo de no ejercicio… el actual subprocurador Felipe Muñoz nos ocultó la información porque ya se había tomado desde noviembre la decisión”, comentó González Schmal.
Por su lado Elías Cárdenas consideró lo anterior “una burla” a la Cámara de Diputados y a la comisión investigadora, “por lo que indudablemente evaluaremos alguna acción contra los funcionarios que han ocultado la información desde el mes de noviembre”.
Aparte de los hijos de Sahagún de Fox, los exdiputados también denunciaron ante la PGR al entonces presidente de la Comisión Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Bouregard, y al propietario de Construcciones Prácticas, Miguel Khoury Simman, quien es socio de Manuel Bribiesca Sahagún en varias empresas.
Cabe destacar que, desde agosto de 2006, los exlegisladores aportaron pruebas que ellos consideraron contundentes sobre la connivencia entre el encargado del IPAB y los hermanos Bribiesca Sahagún para beneficiar a Construcciones Prácticas en al menos cuatro subastas, las que involucraron bienes por unos 2 mil 500 millones y que fueron adjudicadas a Khoury Simman en sólo 8 millones 200 mil pesos.
Ese mismo mes entregaron el reporte a la Secretaría de la Función Pública para que ésta realizara las indagaciones, sin embargo en noviembre el aún titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, se apresuró a exonerar a los hijos de Marta Sahagún, alegando que no había encontrado prueba alguna que corroborara el tráfico de influencias.
Pero los legisladores no sólo entregaron su informe a la SFP y al entonces presidente de la República, también interpusieron una denuncia ante la PGR.
Una de las pruebas contundentes que presentaron fue un cheque entregado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún para el pago de la tercera parte de la subasta que “ganó” Construcciones Prácticas.
La PGR la desechó, pues el propio auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, dijo a las autoridades que “no tenía observaciones” al respecto.
Finalmente el 29 de noviembre la PGR desechó todas estas pruebas y determinó “el no ejercicio de acción penal”, sin embargo en abril, cuando los actuales legisladores se entrevistaron con las autoridades judiciales, éstos aseguraron que proseguía la indagatoria.
“Todavía nos dijeron que se estaban desahogando las diligencias, porque nosotros habíamos aportado demasiados elementos de prueba y que los estaban comprobando, constatando, compulsando, y que por eso tenían una demora. Pero lo que estaban haciendo es tener una carta oculta, es decir, estaban dando una patente de impunidad a los hermanos Bribiesca”, sintetizó González Schmal.
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